Su señoría se resiste a abandonar el papeleo

Hay un juez portugués que se dedica a empapelar (metafóricamente) a sus funcionarios si no le empapelan (físicamente) cada trámite procesal de su juzgado. El juez rebelde se ha enfrentado al Consejo Superior de la Magistratura (CSM) que lleva años intentando modernizar el sistema judicial del país, uno de los más lentos de Europa. El juez lisboeta en cuestión ordena a sus funcionarios imprimir todos los actos y todos los documentos de los procesos, diga lo que diga el CSM. El mundo digital no va con él y así se lo hizo saber al escribano que se negó a imprimirle cada trámite y que en respuesta a su rebeldía (aunque le amparaba la orden del CSM que solo recomienda la impresión en temas puntuales) le condenó al pago de costas procesales equivalentes al 10% de su salario. Su señoría consideró que estaba siendo desautorizado por el empleado. El juez repitió su comportamiento con otra funcionaria, por lo que finalmente el CSM —tras denuncias de los sindicatos— le ha suspendido. Él se mantienen en sus trece: impedir que todos los trámites sean impresos es inconstitucional.

Desde que el Gobierno socialista tomó el poder, a finales de 2015, su primer ministro, António Costa, retomó el proyecto Simplex, creado por él cuando era ministro de Sócrates, para agilizar la Administración del Estado y, principalmente, la de Justicia. Según el estudio anual de la comisaria europea de Justicia, Portugal es el país más lento en la resolución de casos administrativos. De entre los 27 países analizados, los tribunales portugueses tardan de media 1.090 días en resolver un caso, casi el triple que en España, que dista de ser el mejor de los ejemplos, pues Suecia apenas tarda un par de semanas. Con la excepción de Chipre no hay otro caso parecido al de Portugal.

Le guste o no al juez díscolo, 2018 será el año en que Portugal se incorpore al portal europeo ECLI (European Case Law Identifier) para difundir las decisiones de sus tribunales superiores. Abierto en 2011, el ECLI reúne sentencias de una docena de países además de la legislación emanada desde la Unión Europea. Y todo sin papeles.