Nación, democracia y Transición

Entre las muchas sugerencias que se desprenden de la lectura del espléndido reciente ensayo de Santos Juliá sobre la Transición española, hay una, insinuada mejor que explicitada, que pienso merece un comentario. Se trata del dilema que entonces se planteó entre democracia y nación. En pocas palabras, el dilema consistió en priorizar la construcción de la democracia sobre la recuperación de una idea de nación española. No faltaban razones para esta decisión. Resulta evidente que los proyectos de nacionalismo español a lo largo de los siglos XIX y XX habían sido plurales y enfrentados. El proyecto de la tradición liberal-democrática dominante en líneas generales hasta la Guerra Civil se hubo de enfrentar al proyecto nacional-católico y de inspiración fascista triunfante con el franquismo. Como consecuencia de ello, cabía deducir una similar idea de pluralidad con referencia a la nación española. Aunque, en este punto, la acción de un Estado secular, la comunidad cultural mayoritaria y la proyección de un largo pasado restaban fuerza a la existencia de distintas visiones de la nación común, es cierto que la pluralidad enfrentada de proyectos nacionales debilitaba la coherencia de la nación de los españoles. En consecuencia, la reconstrucción de una idea nacional para nuestro país constituía una empresa azarosa, sujeta a enfrentamientos que no se presentaban en la idea de recuperar la democracia.

Los distintos actores del proceso de Transición se apuntarían a esta visión de la cuestión por distintas, pero coincidentes razones en el resultado final. Los reformistas provenientes del franquismo eran conscientes del papel que una particular idea de nación española había desempeñado, especialmente en su primer trecho de vida, en la dictadura. En su deseo de incorporarse a la restablecida democracia tenían una buena disculpa para orillar la recuperación de la nación. La izquierda española tenía su parcial inspiración en un marxismo de combate, en el olvido de la tradición liberal-democrática anterior a la Guerra Civil y en su lucha por hacerse un lugar al sol en Cataluña, y el País Vasco, unas eficaces explicaciones para alejarse de una idea de nación española. Ni que decir tiene que los nacionalismos periféricos, radicalizados por la acción de la dictadura y deseosos de sustituir la nación común por sus propias realidades nacionales, coincidían con aquellas actitudes.

Lo que se planteó entonces como una estrategia política prudente pondría de manifiesto con el paso del tiempo sus debilidades. No se prestó atención al dato de que todo Estado, incluso el más democrático, necesita para garantizar su buen funcionamiento el cimiento de una comunidad de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. En última instancia, de una nación política fundamentada en una cosmovisión liberal-democrática. Incluso, dentro de un proyecto de construcción europea, el Estado y la nación siguen siendo artefactos funcionales para la vida de los europeos. Cuando se habla de la historicidad de las naciones se está haciendo referencia a un hecho cierto. Tan cierto como la historicidad de los Estados. Pero mientras estos últimos sigan desempeñando un papel importante en la vida de los pueblos resultará de todo punto precipitado predicar su superación. Lo mismo cabe afirmar de unas naciones políticas abiertas al reconocimiento de los valores del pluralismo, las lealtades compartidas y la tolerancia.

Se olvidó entonces también que el papel hurtado a la nación española habría de ser ocupado por otras realidades nacionales que aspiraban a sustituirla. Es verdad que el proceso constituyente de 1978 vino a rectificar parcialmente esta situación. Los debates constitucionales, la fórmula del artículo 2, la compatibilidad ampliamente aceptada de la idea de nación común y la de nacionalidades y regiones habría de suponer una parcial modificación de la actitud ante la cuestión hasta entonces dominante. Se produjo en este momento un consenso respecto a la cuestión nacional española que daba satisfacción a la mayor parte de las posiciones en conflicto. Sería necesario estudiar las causas e identificar a los responsables de que ese consenso aparezca hoy debilitado, hasta el punto de que sean en la actualidad muchas las voces, merecedoras de atención, a favor de una revisión del pacto de 1978. Lo que sí parece claro es que los pasos dados a lo largo del proceso de Transición anterior a la Constitución de 1978 dejarían una profunda huella en la política española. Una huella cuyo peso seguimos sintiendo en la actualidad.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED.