Precariedad salarial

El crecimiento de la economía, superior este año al 3%, no se ha traducido en un aumento coherente de los salarios. Este es un hecho incontrovertible que tiene consecuencias inmediatas (descenso del bienestar social) y a más largo plazo, en tanto que compromete el crecimiento futuro. La evolución de las rentas salariales presenta hoy comportamientos anómalos; que los nuevos contratados en 2016 cobraran como media 100 euros menos mensuales que un recién jubilado (1.230 euros contra 1.332 respectivamente) pone de manifiesto un grave problema en la contratación y en el equilibrio entre salarios, cotizaciones y prestaciones para los jubilados futuros. Y da la voz de alarma sobre las graves distorsiones del mercado laboral en España.

La recuperación de la economía se ha conseguido por el procedimiento de reducir los salarios (sobre todo, los más bajos y los de los jóvenes), precarizar el empleo y favorecer una productividad muy baja que genera empleos de baja calidad sin valor añadido; pero llega un momento en que una política de devaluación salarial se convierte en un riesgo para la propia recuperación. El hecho de que las pensiones futuras sean menos costosas porque las prestaciones correspondientes a cotizaciones más bajas sean menores no es ni una solución ni un consuelo. Al menos desde el año 2015, el Gobierno, que tanto se complace en que la economía española ha vuelto a la senda de crecimiento, tenía que haber incentivado una política de rentas compatible con el crecimiento: aumentos salariales en aquellas empresas y mercados con beneficios consistentes. Todavía no es tarde, pero las decisiones hoy deben ser inequívocas y contundentes.

El presidente del Gobierno anunció ayer que en 2018 habrá una subida del salario mínimo del 4%. Es una decisión acertada, porque es un impulso en la dirección correcta —a pesar de quienes sostienen que la subida acarreará más incertidumbre en el empleo y más contratación precaria—, por dos razones fundamentales. La primera, porque el Gobierno emite el mensaje de que está a favor de una subida salarial; la segunda, porque durante la crisis la diferencia entre el salario medio bruto mensual y el salario mínimo interprofesional no ha hecho sino crecer: la diferencia era de 943 euros en 2007 y en 2016 había subido a 1.052 euros.

Con todo, la subida anunciada se queda corta en más de un sentido. Debería ser mayor, por supuesto, pero el problema principal es que se necesita además un pacto social, impulsado políticamente por el Gobierno, para subir los salarios en convenio de forma estable durante los próximos años. El Ejecutivo tiene recursos para impulsarlo, si así lo desea, por más que la negociación sea entre los agentes sociales. Y, al mismo tiempo, hay que actuar tanto por la vía de frenar la precarización de los contratos como por la de proceder a una reforma con profundidad del sistema de pensiones; reforma que se eterniza en el tiempo sin resultados a pesar de las inequívocas señales de crisis de la financiación. La economía española necesita una nueva política salarial con carácter inmediato; y la necesitaba ya dos años atrás.