Un pacto en Cataluña

Las elecciones del 21 de diciembre constituyen el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad política y económica que se ha perdido de forma alarmante, incluso catastrófica en algunos aspectos, durante el llamado procés. El daño político causado por la vía unilateral a la independencia es conocido: un enfrentamiento social peligroso para la convivencia, entre españoles y catalanes y entre los propios catalanes, y la percepción de que pasará mucho tiempo antes de que se restaure la concordia civil plena. Además, se ha pretendido cuestionar la reputación democrática de España ante los ciudadanos y ante la comunidad internacional con argumentos peregrinos y contradictorios.

Pero es en el ámbito económico donde se aprecian daños inmediatos y cuantiosos, para el bienestar de los catalanes —la parálisis de infraestructuras y servicios se pone claramente de manifiesto en la serie que arranca hoy en EL PAÍS— y también, de forma indirecta pero sustancial, para el conjunto de la economía española. El impacto en Cataluña ha sido rápido y brutal: más de 3.000 empresas han trasladado su sede al resto de España; el consumo ha caído, la inversión se retrae, el desempleo aumenta comparativamente más que en el resto del país y el turismo se desploma.

El procés ha señalado a Cataluña en el mapa inversor como una zona económica conflictiva. La seguridad jurídica, esencial para las empresas, se ha venido deteriorando al menos desde 2015 y saltó por los aires cuando se inició el proceso para declarar la independencia.

Las urnas, por sí solas, no van a restaurar la estabilidad ni a recuperar la confianza en la economía catalana. La normalización empresarial será larga y tortuosa, porque muchas empresas que abandonaron Cataluña no van a volver. Y, después, porque la persistencia de pulsiones independentistas repele cualquier intención inversora. Las oportunidades de negocio en Cataluña están vinculadas a la pertenencia a España y a la Unión Europea; allí donde una posible mayoría política —ERC, JxCat— rechaza esta premisa crucial, la inversión decae y desaparece.

Para recuperar la confianza económica y la estabilidad política es esencial que el bloque independentista, desde el Gobierno o desde la oposición, se comprometa a renunciar explícitamente a sus objetivos; que se sujete a la exigencia de mayorías muy cualificadas para reiniciar una negociación política sobre cualquier consulta secesionista que nunca podrá ser unilateral; y que la labor parlamentaria (y de gobierno, si gobiernan) no va a estar orientada única y exclusivamente a la preparación de un nuevo procés. El secesionismo institucional que ha gobernado Cataluña ha perdido un tiempo precioso en ensoñaciones separatistas, tiempo que podría haber dedicado a reformas económicas, laborales y fiscales.

Ha pasado la hora del fatigoso y fatigante debate identitario. La campaña electoral debería centrarse en cuáles son las necesidades de inversión (pública y privada) de Cataluña, cómo puede mejorarse la calidad del empleo y si la financiación de sus ayuntamientos es la correcta. La recuperación de la confianza económica será difícil; pero si se insiste en el enconamiento identitario resultará imposible.