Policías en el chat

La Policía Municipal de Madrid ha tomado medidas cautelares contra los agentes que desde un chat de WhatsApp insultaron gravemente a la alcaldesa, Manuela Carmena, emitieron comentarios de corte nazi y xenófobo y amenazaron al policía que denunció las conversaciones. La suspensión temporal de sus funciones —con la retirada del arma y la placa reglamentaria a tres policías— es un primer paso mientras se resuelve una investigación que no debe dejar impunes a los autores de unos mensajes intolerables en cualquier funcionario. Adquiere aún mayor gravedad que quienes los profieren sean miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, encargados de preservar el orden público.

A la justicia le corresponderá determinar el alcance delictivo de las injurias y amenazas vertidas en un foro digital en el que participaban un centenar de agentes. Lamentar que la alcaldesa no hubiera sido asesinada en el atentado contra el despacho de abogados de Atocha en 1977, ensalzar la figura de Hitler o sugerir que a los inmigrantes hay que ponerles casquillos en el cráneo e incrustárselos a martillazos son comentarios inaceptables. Destilan odio ideológico, racismo y suponen un enaltecimiento del fascismo. Sugerir que los mensajes pertenecen al “ámbito privado”, como han planteado algunos sindicatos gremiales, tampoco es admisible, toda vez que las conversaciones estaban abiertas a numerosas personas.

Por el buen nombre de la propia institución, la Policía Municipal de Madrid tiene que colaborar en todo lo posible para castigar algo que no debe tener cabida en una democracia. A los agentes de la autoridad hay que exigirles ejemplaridad. Es preocupante que un grupo de policías exhiba opiniones injuriosas y con connotaciones nazis, claramente incompatibles con el trabajo de unos funcionarios encargados de velar por la pacífica convivencia y que, además, portan armas.