Una buena idea mal diseñada

Hace unos días tuve el honor de comparecer en el Parlamento para valorar una iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestación de Ingresos Mínimos (PIM) de la Seguridad Social. Tal como expuse en mi comparecencia, comparto plenamente la motivación y los objetivos que persigue la PIM, pero creo que tiene tres importantes problemas de diseño en cuanto a los incentivos que potencialmente puede pervertir algunos objetivos que persigue, así como disparar su coste.

Según diversos organismos internacionales, España tiene un importante problema de personas en riesgo de pobreza y, lo que es más preocupante, si cabe, tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de los países industrializados. Y, por lo tanto, es acertada la necesidad de luchar contra la pobreza, principalmente infantil, ayudando a las personas con graves problemas para encontrar trabajo (principalmente parados de larga duración).

El montante de la nueva prestación sería el 80% del IPREM, unos 5.162 euros anuales. La ley también contempla un complemento adicional por cada uno de los menores u otros familiares a cargo. Los requisitos para los beneficiarios son los siguientes: 1) ser mayor de 18 y menor de 65 años; 2) residir legalmente en territorio español en los seis meses anteriores; 3) no reunir requisitos para percibir otro tipo de prestación, 4) encontrarse inscrito como demandante de empleo (durante al menos 12 meses) y 5) carecer de “recursos económicos”. Este último requisito implica que la renta per capita del hogar debe ser inferior al 75% del SMI, que en la actualidad sería 6.368 euros anuales.

La PIM es incompatible con el trabajo y las únicas obligaciones de los beneficiarios son participar en políticas activas y aceptar empleos propuestos por los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación, siempre y cuando se consideren “adecuados”. Es fácil intuir que la propuesta tiene tres importantes fallos de diseño.

Los ingresos son limitados y tienen un coste de oportunidad; más aún en un país que aún no ha resuelto su crisis fiscal y con carencias claras en otros programas del bienestar

En primer lugar, tenemos un problema de incentivos para aceptar ofertas de empleo. Supongamos un beneficiario que recibe una oferta laboral por un salario igual a la cuantía de la PIM más un euro. En este caso, su renta sería únicamente un euro más alto si acepta el empleo. Es decir, estaría trabajando todos los días por un euro. Esto es equivalente a un impuesto al trabajo del 99,99%.

En segundo lugar, tenemos un problema con los inactivos que tienen un incentivo muy grande a apuntarse al desempleo para percibir la prestación. Imaginemos un hogar formado por una pareja con dos hijos, donde la mujer trabaja y el hombre está inactivo (ni trabaja ni busca trabajo). En este caso, si la renta familiar total es inferior a 25.474, activándose el hombre y esperando 12 meses tendría derecho a la PIM.

Por último, las CC AA tienen la competencia en asistencia social y de hecho todas han implementado programas similares a la PIM. Sin entrar en la constitucionalidad de la propuesta, parece evidente que el incentivo de las CC AA es dejar al Estado la financiación de la PIM, y ellas ocuparse únicamente de gestionar el gasto, perdiendo la corresponsabilidad fiscal.

Para solucionar estos problemas de diseño se me ocurren tres enmiendas. En primer lugar, involucrar a las CC AA en el diseño, la gestión y su financiación. En segundo lugar, que el trabajador no pierda la PIM si encuentra trabajo, sino que pierda solo un porcentaje de la PIM. Empezaría siendo una prestación para quien no trabaja y no tiene recursos y terminaría, al menos durante algún tiempo, siendo un complemento salarial. En tercer lugar, para evitar el efecto llamada de los inactivos y controlar el gasto, al menos en una fase inicial, se podría empezar restringiendo el colectivo de beneficiarios a los desempleados que, habiendo trabajado en el pasado, lleven más de dos años en paro o haya transcurrido más de un año una vez terminada la prestación.

Un mal diseño de una buena idea puede no solo desvirtualizar la medida, sino también disparar su coste. Escenarios conservadores apuntan a más de 15.000 millones de euros anuales. Y no podemos olvidar que los ingresos no son ilimitados y por lo tanto tienen un coste de oportunidad. Y más aún en un país que aún no ha resuelto su crisis fiscal y con carencias claras en otros programas del bienestar, como son la educación o la sanidad, desde mi punto de vista, mucho más efectivos para los objetivos que persigue la PIM.

José Ignacio Conde-Ruiz es investigador en FEDEA y profesor en la Universidad Complutense.