A vueltas con la ‘duda razonable’

Las series de televisión americanas sobre abogados enseñan que la fina línea entre la culpabilidad y la inocencia se quiebra en el momento en el que un letrado habilidoso es capaz de suscitar una duda razonable sobre las evidencias acumuladas contra su representado.

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Tras la aprobación de las medidas adoptadas por el Gobierno, bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución, Carles Puigdemont tomó la decisión de huir y refugiarse en Bélgica, donde se ha puesto a disposición de las autoridades mientras se tramita la orden europea de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional. En ese momento, el ya cesado president de la Generalitat inauguraba una estrategia de defensa encaminada, precisamente, a provocar entre los ciudadanos e instituciones europeas una duda razonable sobre la calidad democrática y la verdadera separación de poderes en España. Para ello, Carles Puigdemont y los suyos trabajan, con una atención mediática inusitada, en dos frentes bien definidos: el jurídico y el político.

Por lo que se refiere al ámbito jurídico, el plan se asienta en aprovechar algunas especificidades procesales belgas para intentar evitar o posponer las consecuencias del proceso penal abierto en España. Hasta el momento, su defensa se apoya en el ordenamiento jurídico belga para retrasar, en virtud de la forma de tramitar la euroorden, el momento efectivo de la entrega a las autoridades españolas. Siendo conscientes de que dicha entrega difícilmente podrá ser obviada, no parece descabellado considerar el planteamiento de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que España es parte. Aunque tal recurso no prospere, ya sea por razones de forma o de fondo, sí puede contribuir a extender la idea de España como país en el que se vulneran derechos fundamentales.

En lo que respecta a la dimensión política, la estrategia de Carles Puigdemont pasa por la aceptación de unas elecciones en condiciones nada sencillas. En este contexto, el proyecto político independentista debería estar en condiciones de aprovechar, presumiblemente, la ventaja competitiva que pudiera provocar la situación procesal de sus líderes en una campaña marcada por un fortísimo componente emocional. Acumular unos buenos resultados electorales resulta imprescindible para legitimar el proyecto independentista y reclamar, por la vía democrática, la condonación de aquellas responsabilidades penales que pudieran derivarse de los procesos judiciales instados hasta la fecha por el Fiscal General del Estado.

Todavía es pronto para saber la correlación de fuerzas resultante de las elecciones 21 de diciembre. Mientras tanto, aunque la UE y sus Estados miembros se mantienen firmes en la defensa de España como único interlocutor válido en la cuestión catalana, convendría no descuidarse y hacer frente a los efectos perniciosos que puede generar la consolidación de una duda razonable como la que quieren proyectar algunos sobre lo que es España en términos de Estado democrático y de derecho. El daño sería, en este caso, irreparable.