Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Modernizar España

La reforma constitucional deberá facilitar políticas públicas avanzadas

Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy
Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy

La Constitución de 1978 ha servido al proyecto de modernización de España, incorporándola al mundo democrático, dotándola de un esquema autonómico y activando las virtualidades de la economía social de mercado. La reforma que ahora debe diseñarse adquiere su pleno sentido en la necesidad de afrontar una nueva fase de actualización.

La asignatura no consiste solo en rellenar las carencias o completar las insuficiencias que el tiempo transcurrido ha evidenciado en el texto que organiza la convivencia de los españoles. Se trata de facilitar un nuevo salto en su adaptación a las urgencias contemporáneas; un nuevo impulso a las políticas públicas que se hayan demostrado mediocres; una nueva posición adelantada en relación con los mejores países de nuestro entorno.

Es decir, un mejor encaje en el mundo globalizado, que no existía en esta forma en los años setenta; en una Europa mucho más consolidada que entonces; en un entorno competitivo más agresivo; y con unas necesidades sociales y de gobernanza territorial que han sido colocadas en primer plano por la gran recesión y por el mismo éxito y desgaste del sistema.

El resultado final de la reforma podrá ser más o menos ambicioso en cuanto a su alcance temático: algo sometido a discusión, en la que no debe olvidarse que no entramos en un proceso constituyente, sino reformador o reconstituyente. No partimos de cero ni el adanismo es nunca buen consejero.

Pero donde ineluctablemente debemos mirar lejos es en el objetivo de facilitar la mejora de las políticas públicas. No es aceptable que uno de los principales países de la Unión Europea siga siendo farolillo rojo en muchos aspectos esenciales de la vida pública: la calidad educativa, la capacitación profesional, la innovación, la eficacia institucional, la igualdad de oportunidades.

La cuestión territorial, que ahora registra una fase agitada, de desconcierto y tribulaciones, es parte cabal de la necesidad de reforma y uno de sus principales acicates. Pero no el único. Las aspiraciones de muchos a un mayor y mejor autogobierno también hallarán vehículo eficaz en la medida en que el gobierno de todos sea mejor y funcione la coordinación de las distintas administraciones.

El reto versa tanto sobre la cantidad de apuestas como, sobre todo, su calidad. No es necesariamente imprescindible aumentar el número de intervenciones públicas en uno u otro nivel de gobernanza, ni en el conjunto. Lo que resulta ineludible es que toda nueva competencia o modificación de la existente sirva para aumentar la eficiencia del sistema y la satisfacción de los ciudadanos, no al contrario.

Todos los enfoques deben ir al debate, en la conciencia de que hoy existen fuertes diferencias sobre la orientación de la reforma. Un punto de partida debiera ser la constatación de que el nivel de descentralización alcanzado es alto; pero el grado de corresponsabilización, desigual; y el de su financiación, deficiente. Otro, que los mecanismos de fragua de la lealtad federal, en todas las direcciones (Senado, conferencias sectoriales...), son débiles o más aparentes que reales.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.