Frenazo al crecimiento

Las señales de alarma por el coste económico de la crisis secesionista en Cataluña empiezan a ser intensas y continuadas. Mientras el Gobierno reconocía (de forma poco argumentada) en su plan presupuestario que el coste para el crecimiento sería de tres décimas de PIB —la previsión del crecimiento para 2018 bajaba del 2,6% al 2,3%—, la Autoridad Fiscal Independiente calcula el coste de la crisis en una horquilla de entre cuatro décimas y 1,2 puntos de PIB, en función del tiempo que dure la crisis política; podría costar a los españoles hasta 13.400 millones. La Airef está en lo cierto; no es lo mismo una crisis de corta duración que pueda resolverse en uno o dos meses que un conflicto que se enquiste durante 2018.

Por el momento, el impacto económico del procés se manifiesta en perjuicios para la economía nacional. El Tesoro Público pagó ayer un marginal positivo por la emisión de bonos a tres años y tuvo que pagar más caras las obligaciones a 10 años y los bonos a 30. En Cataluña, los indicadores económicos caen con rapidez. El mercado inmobiliario está prácticamente estancado, el consumo desciende de forma alarmante (el ministro de Economía anunció ayer que las ventas en las grandes superficies catalanas desde el 1 de octubre han caído el 20%) debido al penoso clima de incertidumbre y las reservas turísticas en toda la comunidad autónoma se desploman a tasas del 15%. El deterioro de la economía catalana tendrá un efecto de segunda vuelta sobre la española. Pero la contracción del consumo y la huida de las inversiones afectará primero y con más intensidad a Cataluña.

La situación es de alerta económica. El Gobierno tendría que explicar cuáles son los plazos previsibles para la estabilización y resolución de la crisis y disponer de acciones económicas para distintos escenarios en función del tiempo. Porque no es evidente que estemos ante una crisis que se resuelva antes de 2018.