Puigdemont hace trampa a las cartas

El president Carles Puigdemont hace trampas a las cartas. Escribiendo al presidente Mariano Rajoy desliza inexactitudes, engaños y alguna fantasía:

“El pueblo de Cataluña, el día 1 de octubre, decidió la independencia en un referéndum con el aval de un elevado porcentaje de electores”. No es así. El pueblo de Cataluña no decidió nada, pues no fue convocado legalmente ya que la ley del referéndum del Parlament del 6 de septiembre estaba suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Y porque incluso, según los datos de la Generalitat, ni fiables, ni controlados por nadie, ni respetuosos de los garantismos de la propia ley, ni avalados por los observadores internacionales progubernamentales, el 57% de los catalanes no participó. Los independentistas, sí: un 90% del 43% de un censo gaseoso. Eso está lejos de ser un pueblo hablando con una sola voz. Por tanto, carece de mandato popular para decidir ninguna secesión.

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“Un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el proceso del Brexit”. Al fin se reconoce que el disparate del procés debe compararse con el Brexit. Por irracional, y porque excluiría a Cataluña de la Unión Europea (UE). Pero el dato es falso: el Brexit, además de ser legal, registró una participación del 73% (y los partidarios de salir, el 53%) lo que legitimó el resultado. Lo contrario de Cataluña.

“Un número mayor que el que votó el Estatut de Autonomía”. Falso. El Estatut de 1979 lo votaron 2.327.038 catalanes (el 88,62%) con una participación del 59,7%; el de 2006, 2.570.846 catalanes (y la Constitución española, 2,7 millones de ciudadanos de Cataluña: la participación fue del 67,91%, dos puntos superior a la media, y los votos favorables, del 90,46%). En los tres casos, un número superior a los 2.044.038 que se dice votaron el 1-O.

“Lo hice [la suspensión de la declaración de independencia] para propiciar el diálogo que de manera reiterada nos han hecho llegar instituciones y dirigentes políticos de todo el mundo”. Ningún dirigente, y menos de la UE, ha pedido a Rajoy que negocie la independencia de Cataluña con Puigdemont. Sí que respete la Constitución y dialogue dentro de ella. Al contrario, le han avisado de que esa declaración de independencia atenta contra el orden constitucional y de que una Cataluña que quisiera desgajarse unilateralmente de España no tendría cabida en Europa. Y lo han hecho tanto para evitar el efecto dominó como por una razón jurídica muy sencilla. El artículo 2 de la (anulada) ley de referéndum declara que: “El pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”.

Pero resulta que el artículo 4.2 del Tratado de la UE proclama: “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro”. Por tanto, los Estados miembros de la UE se mantendrán sin duda del lado de la Constitución y de la integridad territorial de España, aunque puedan criticar en sordina alguna actuación gubernamental.

Además, si Puigdemont cree de verdad en el diálogo, ¿por qué su partido anuncia que no acudirá a la comisión del Congreso que el PSOE ha propuesto para iniciar la reforma de la Constitución? Un diálogo condicionado a que trate de la secesión ¿es viable? ¿es capaz de ser fructífero?

“El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum”. Inexacto. Esa era la convocatoria del 9 de octubre, anulada por el TC. Ante ello, el president pidió comparecer para informar “sobre la situación política”. Se trata de un detalle no banal, pues el artículo 4.4 de la ley del referéndum especifica que la sesión para “efectuar la declaración formal de independencia” debe valorar “la proclamación de los resultados oficiales” de la votación por la sindicatura electoral, que fue destituida antes por el Govern. Y a los dos días de hacerlo: ahora ya no podría, han pasado más.

“Tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión”. Frase engañosa. Se refiere a las medidas cautelares de prisión dictadas por la Audiencia Nacional contra los dos Jordis. Aunque la Fiscalía influyese, la decisión fue autónoma de la juez. No la adoptó el Gobierno.

“La decisión de aplicar el art. 155 (...), que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema”. Quizá Puigdemont no es consciente de que el 155 no implica “la suspensión de la autonomía”: solo permite al Gobierno tomar medidas para “obligar” a la comunidad vulneradora de la legalidad a su “cumplimiento forzoso”. De momento, el único que ha desplumado la autonomía ha sido el bloque secesionista, al aprobar el 6 y 8 de septiembre sendas leyes que derogan parcialmente el Estatut (y la Constitución).

El Parlament “podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre”. Solo podría si la ley del referéndum fuese legal y rigiese, pero el TC la anuló el martes. Carece pues de base para ello, por lo que supondría duplicar el golpe parlamentario del 6 y el 8 de septiembre.

Conclusión. El independentismo es legítimo. Defenderlo con falsedades, no.

* Fe de erratas: Los votos afirmativos en el referéndum de 2006 sobre el Estatut fueron 1.899.897 y no 2.570.846.