Hemos perdido todos

La jornada del referéndum ilegal por la independencia de Cataluña ha concluido con el peor escenario de los posibles: el Gobierno de la nación ha tenido que utilizar las fuerzas del orden para evitar una votación, que se ha llevado a cabo ante la mirada de todo el mundo. Demasiados platos rotos en una disputa en la que el Estado llevaba semanas anunciando un fracaso, el de los secesionistas, que no se ha producido. Hemos perdido todos.

Es verdad que el responsable último de la insurrección es el Gobierno de la Generalitat, con la ayuda de todos los grupos civiles, movimientos políticos y medios de comunicación subvencionados con el dinero de los contribuyentes. Es verdad que los independentistas se han saltado todas las leyes y han despreciado la opinión de la mayoría de los catalanes. Pero eso ya lo sabíamos hace un mes, hace una semana y ayer. Lo preocupante es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha sido eficaz ni en su respuesta judicial y administrativa, ni en su discurso político.

Hoy estamos peor que ayer. Mucho peor. Los insurrectos han consumado su votación (aunque haya sido tramposa, de barra libre ante las urnas y sin garantías) y caminan hacia la inmediata declaración de independencia, sin importarles ni el número de votos obtenidos (quién se va a creer lo que digan), ni las consecuencias de los próximos pasos de un Gobierno del Estado que ha quedado muy debilitado.

El día después del falso referéndum, la sociedad catalana está más fragmentada que nunca, mientras las instituciones de Cataluña han perdido toda su legitimidad. Pero en la batalla de las percepciones, los independentistas se sienten más fuertes y van a seguir hasta el final, con el apoyo indirecto de los grupos de la izquierda radical (Bildu y Podemos), que aprovecharon la jornada de ayer para romper todos los platos posibles, tirando desde sus cuentas en redes sociales.

Para evitar que se acabe rompiendo toda la vajilla, Mariano Rajoy debería cumplir cuanto antes lo anunciado ayer y plantear una propuesta con Pedro Sánchez, Albert Rivera y quien se quiera sumar, que esté a la altura de la gravedad del problema. Nadie duda a estas alturas que si se hubiera puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución el 8 de septiembre, no se habría llegado al espectáculo de ayer. Pero no es el momento de llorar, sino de actuar. Con la rapidez y la eficacia que ha faltado hasta ahora.

La respuesta del PP, el PSOE y Ciudadanos debe ser legal y política. Frenar la insurrección y proponer alternativas para un nuevo marco de convivencia. Aunque la solución es hoy más complicada que ayer, por la marcha de los acontecimientos y por la dificultad para encontrar interlocutores (Puigdemont y sus socios deberían estar inhabilitados, y Rajoy ha perdido demasiada legitimidad).

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