Abrir o no los colegios electorales para el referéndum, esa es la cuestión

Los directores de centros educativos catalanes se enfrentan al dilema al que les ha abocado el referéndum del 1 de octubre: ceder o no las llaves de sus instalaciones para que se conviertan en colegios electorales el próximo domingo, como tiene previsto el gobierno catalán. "Es un referéndum convocado por el Parlament de Cataluña y por tanto abriremos la escuela", dice el director de la Escola Joan Pelegrí, Víctor Ranera. "Nadie nos puede pedir las llaves (para abrir). Solo la Fiscalía o la Conselleria de Educación. Si no hay orden superior, la responsable de la escuela soy yo", expone, sin embargo, la directora del colegio público Josep Maria Pujol, Beatriz Rosal. Son los dos extremos de un debate con el que el gobierno catalán ha situado a los directores de los colegios en el punto de mira. De ellos depende, en buena medida, que las urnas del anunciado referéndum tengan un techo bajo el que cobijarse.

"Somos un colegio electoral. Es un servicio a la ciudadanía. Hay que colaborar", argumenta el director del centro concertado Joan Pelegrí, uno de los primeros en Cataluña en impartir sus clases en catalán y que hoy cuenta con 2.000 alumnos. Entre sus 130 profesores, asegura, hay "consenso" sobre la apertura del centro. Pero en esta recta final hasta el 1 de octubre, entre los centros educativos dispuestos a poner facilidades para depositar las papeletas y los que no lo están se perciben diferencias sensibles.

Los directores de los colegios propensos a convertirse en punto electoral lo expresan abiertamente y resulta fácil encontrar a más de uno dispuesto a razonar públicamente sus motivos. Además, tienen el respaldo de colectivos como la Plataforma per la llengua, Som Escola o el sindicato USTEC y cuentan desde hace pocos días con la web escolesobertes.eu, que facilita que familias y vecinos se apunten como voluntarios para mantener los centros educativos abiertos el 1 de octubre, fecha en la que Son Escola ha animado incluso a ocupar las escuelas.

Mientras, los directores de los centros que han decidido limitarse a esperar instrucciones de la justicia o se niegan a colaborar con la organización del referéndum, son menos visibles y están escasamente organizados. Decenas de ellos, incluso, como han señalado los sindicatos CC OO. y UGT, denuncian haber recibido presiones de altos cargos del Departamento de Enseñanza para que cedan las llaves de los centros. "La conselleria de Educación y el Consorcio entienden perfectamente que no nos puede poner en la picota", señala la directora del Josep Maria Pujol, sobre la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí. "Pero, en última instancia, dependerá de la conciencia de cada director", añade Rosal, cuyos planes para el viernes por la tarde, después de impartir una clase de inglés, pasan únicamente por despedirse de sus compañeros y cerrar la puerta del colegio. 

Las dos opciones en las que ha quedado dividida la comunidad educativa solo comparten una constatación: la de no haber recibido ninguna instrucción, ni verbal ni escrita, ni por parte de la Conselleria ni por parte del consorcio que gestiona las escuelas e institutos públicos de Barcelona. Ninguna de las dos instituciones se ha puesto en contacto con los directores que, aseguran, tampoco han recibido urnas ni papeletas para organizar la votación suspendida por el Constitucional.

La hora de la verdad se acerca para ellos. "Si las fuerzas de seguridad interviniesen, tendríamos que respetar su autoridad, no opondríamos resistencia", cuenta Ranera, quien adelanta además que, si se le reclama el cierre del centro antes del sábado, argumentará que sus instalaciones se utilizan durante el fin de semana para actividades extraescolares para tratar de impedirlo. "Y habría que ver con qué instrucciones vienen", concluye.