Descoordinación y seguridad nacional

Sorprende que tras el atentado de Barcelona no se hubiera planteado la utilización de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) a fin de coordinar las distintas actuaciones encaminadas a dar respuesta no solamente al atentado, sino a la situación que se derivaba de la aparición de una célula terrorista en el corazón de Cataluña con al menos una docena de integrantes.

La LSN nace para situaciones como esta. Parte de que en determinadas ocasiones la respuesta a una situación de riesgo para los derechos de los ciudadanos precisa de una coordinación reforzada entre las distintas Administraciones con competencias en la materia. En estos casos puede decretarse la situación de “interés para la seguridad nacional”, lo que implica definir su ámbito espacial y temporal, así como los recursos que se dedicarán a la resolución de la crisis, pudiendo también nombrarse a una persona (autoridad funcional) que coordine y dirija a los distintos actores implicados. Parece un planteamiento sensato para momentos en los que es precisa una actuación rápida que permita garantizar la seguridad de las personas y sus derechos. Además, en este tipo de situaciones se hace necesario transmitir a la opinión pública seguridad y confianza, y esta seguridad y confianza pueden verse afectadas si comienzan a aparecer fricciones entre los distintos intervinientes. El nombramiento de una autoridad que coordine a todos los implicados contribuirá a evitar que estas fricciones aparezcan.

Lo vivido desde el jueves pasado es buen ejemplo de estas situaciones de descoordinación que pueden darse en una crisis de gravedad respecto a la que son competentes distintas Administraciones. En la tarde y en la noche del jueves asistimos a comparecencias por separado, por un lado del presidente y vicepresidente de la Generalitat y de la alcaldesa de Barcelona y, por otro lado, del presidente del Gobierno. La información sobre la investigación fue facilitada por el consejero de Interior y el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, aunque a alguna pregunta tuvo que responder remitiéndose a las competencias del Estado. Vimos cómo el presidente de la Generalitat reunía su gabinete de crisis con presencia de los Mossos d’Esquadra mientras el presidente del Gobierno lo hacía con la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad estatales. En definitiva, se transmitía la impresión de que no había en marcha una respuesta al atentado terrorista, sino dos, siendo una responsabilidad de la Generalitat y otra del Estado.

No entro en si esta impresión de descoordinación respondía a la realidad o no. En los últimos días se han planteado algunas dudas sobre este extremo, sobre todo en lo que se refiere a la investigación de la explosión de la casa en Alcanar donde —parece ser— los terroristas preparaban un atentado mucho más sangriento todavía que el finalmente perpetrado; pero no es este el lugar para especular sobre este tema ya que el objetivo es tan solo el de mostrar que al menos desde la perspectiva comunicativa esta descoordinación existió, y esto, desde luego, no favorece la confianza de los ciudadanos.

El nombramiento de una autoridad que coordine a todos contribuirá a evitar que aparezcan fricciones

Por otra parte, habiendo asumido la Generalitat de Cataluña el protagonismo en la investigación policial sobre el atentado —como le correspondía—, el Gobierno dio un paso atrás en su implicación, lo que ha llevado a situaciones curiosas cuando menos, si no indeseables. Así, no se ha ofrecido en ningún momento una respuesta global al atentado que integre no solamente la identificación y detención de los sospechosos, sino que ofrezca una explicación más profunda sobre el contexto del ataque y sus consecuencias, tanto a nivel interno como internacional. Estas han estado ausentes, quizás por haber perdido esa visión transversal de los problemas de seguridad nacional que pretende la LSN.

En este sentido, resulta también llamativo que la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista, la que ha de decidir cuál es el nivel de alerta terrorista, hubiera tardado 40 horas en reunirse tras el atentado (desde la tarde del jueves hasta la mañana del sábado). Fijémonos, por ejemplo, que cuando se produjeron los atentados en París en la noche del 13 noviembre de 2015, esta Comisión de Evaluación se reunió de urgencia en la misma mañana del día 14. ¿Cómo es posible que un atentado en París fuerce una reunión de urgencia de la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista en menos de 12 horas desde el atentado y la masacre en Barcelona no sea valorada más que casi dos días después de haberse perpetrado? ¿Tendrá algo que ver este retraso precisamente en que la competencia para convocar la comisión es del Ministerio del Interior y no de la Generalitat, que era quien estaba llevando a cabo la investigación? En algún momento habrá que dar respuesta a estos interrogantes, así como al hecho de que en ningún momento se hubiera decretado el nivel máximo de alerta terrorista, el que se corresponde con el riesgo de atentado inminente. Tras la explosión de Alcanar esa era la situación —atentado inminente—, como también lo era tras el atropello masivo de Barcelona con todavía varios terroristas huidos. De nuevo cabe preguntarse si la distribución de competencias entre la Generalitat y el Estado no influyó en la toma de determinadas decisiones. Recordemos también cómo el ministro del Interior declaró el sábado que la célula terrorista estaba desarticulada y al poco los Mossos d’Esquadra lo desmintieron.

No se ha ofrecido una respuesta global sobre el contexto del ataque y sus consecuencias

No creo que nadie niegue la imagen de descoordinación que se ha trasladado desde el jueves; imagen que afecta, sin duda, a la percepción de la seguridad y, quizás, a la seguridad misma. En estas circunstancias no se alcanza a entender por qué no se planteó la utilización de la LSN. Si esta no se aplica cuando España está conmocionada por dos atentados en menos de ocho horas, con varios miembros de una célula terrorista en fuga durante días, ¿cuándo se va a utilizar? Si vivimos una evidente situación de descoordinación y se hace necesario un trabajo común no solamente de las distintas policías, sino también de los servicios de inteligencia y otros actores que pueden resultar relevantes para la Seguridad Nacional, ¿por qué no se recurre a los mecanismos de coordinación que prevé la LSN?

Parece que se hacen leyes sin que exista una voluntad real de aplicarlas; y quizás a esta falta de voluntad no sea ajena la tensión secesionista que vivimos. En una situación de normalidad, la aplicación de la LSN en un caso como el que nos ocupa no sería cuestionada por ninguna de las Administraciones afectadas; pero con una Generalitat volcada en su propósito de convertirse en Estado, la imposición de un mecanismo de coordinación según lo previsto en la LSN sería utilizado como agravio, y quizás esto ha pesado más en la (no) decisión del Gobierno que las ventajas que podrían derivarse de la aplicación de esta ley.

Debemos preocuparnos cuando hasta la política antiterrorista no puede ser entendida sin hacer referencia al proceso secesionista en Cataluña.

Rafael Arenas García es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona.