El contubernio del ‘Diéselgate’

El llamado Diéselgate, el escándalo que demostró la manipulación de las mediciones de contaminación de varias marcas de vehículos, inicialmente Volkswagen, no cesa de extenderse, comprometer a otras firmas automovilísticas y dejar en evidencia a los Gobiernos. Daimler, bajo presión del Gobierno alemán, ha anunciado que revisará tres millones de vehículos para que cumplan las normas medioambientes. Peor: hay indicios que apuntan a un contubernio entre marcas (el cartel del diésel) para pactar tecnologías y costes con el fin de trucar la medición de emisiones. Si esos acuerdos en la sombra se confirmaran, estaríamos ante un fraude de enormes proporciones que requeriría algo más que parches y medidas de contención.

Han pasado ya dos años desde que saltó a la opinión pública este fraude. Por tanto, los fabricantes que hubieran recurrido a prácticas similares han tenido tiempo suficiente para investigar y aclarar si hubo manipulación y engaño a sus clientes. Si no lo han hecho, es hora de exigírselo y, si es necesario, proceder a sancionarlas con la dureza necesaria.

Los Gobiernos nacionales e instituciones europeas no están exentos de responsabilidad. Consideraron que la mera aprobación de las leyes bastaba para garantizar su cumplimiento y no se preocuparon de verificar que se aplicaban. Con buen criterio, Bruselas ha abierto ahora expedientes a España, Reino Unido, Grecia, Italia, Alemania, Lituania, Luxemburgo y República Checa por presunto abandono en sus funciones.

Este fraude ha supuesto un duro golpe al mercado del diésel y a la credibilidad de una industria importantísima en términos de empleo, crecimiento e innovación tecnológica. Restaurar la confianza de los clientes tanto en la honestidad de las compañías como en la capacidad supervisora y sancionadora de los Gobiernos es esencial.