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El desafío polaco

La UE está obligada a frenar la deriva autoritaria del Gobierno de Varsovia

Una mujer llorar durante la protesta este jueves en Varsovia contra la reforma del Tribunal Supremo.
Una mujer llorar durante la protesta este jueves en Varsovia contra la reforma del Tribunal Supremo. EFE

El Parlamento polaco aprobó este jueves la última de sus cuatro reformas sobre el sistema judicial desoyendo las advertencias de la Comisión Europea reiteradas solo 24 horas antes. Con la aprobación de esta última ley, el poder judicial queda bajo control directo del Ejecutivo. Es parte de la preocupante deriva autoritaria del Gobierno ultraderechista y xenófobo de Beata Szydlo, que con estos cambios legislativos contraviene los principios fundamentales de libertad, justicia y democracia sobre los que se asienta la Unión Europea, recogidos en el artículo 2 del Tratado.

El desafío polaco es inaceptable. Bruselas inició un procedimiento de infracción contra Varsovia en enero de 2016 al poco tiempo de que el partido de Jaroslaw Kacynski (Ley y Justicia), representado oficialmente por la primera ministra Szydlo, ganara las elecciones por mayoría absoluta. Desde entonces, el avance de las retrógradas reformas y los gestos autoritarios han continuado a buen ritmo. Se ha prohibido a los periodistas entrar en el Parlamento, se ha puesto bajo control gubernamental a los medios públicos de comunicación y se ha reducido drásticamente la independencia judicial, imponiendo a los miembros del Tribunal Constitucional o dando potestad al ministro de Justicia para nombrar a los presidentes de los tribunales de justicia y a los del Tribunal Supremo.

En menos de dos años, el Gobierno de Varsovia ha ido destruyendo sistemáticamente las reformas modernizadoras del país. La joven democracia polaca está en peligro y la credibilidad de la Unión, incapaz de reaccionar con contundencia y a tiempo para defender sus valores, se quebranta a la misma velocidad. La Comisión Europea ha amenazado con la bomba nuclear nunca antes utilizada: activar el artículo 7 de la UE que permite anular el derecho al voto de uno de sus miembros. Es una iniciativa positiva y necesaria, pero las competencias de la Comisión son limitadas y solo puede imponer una multa a Varsovia.

Hay que parar los pies al Gobierno de Beata Szydlo. La UE tiene la obligación moral de hacerlo y esta tarea solo el Consejo Europeo puede culminarla. Su respuesta es, sin embargo, de momento la inacción. Decía el miércoles el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, que el Estado de derecho es más fuerte que el más fuerte de los Estados miembros y que es así como se mantiene unida a esta Unión. Los Gobiernos de la UE deberían escucharle y actuar en consecuencia.

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