Expulsión, segregación y deportaciones en la frontera entre México y Estados Unidos

En los últimos 15 años, la dinámica migratoria mundial se ha transformado como consecuencia de un ciclo de políticas que han restringido los procesos de desplazamiento y movilidad humana. La denominada “crisis del refugio”, en Europa, no es sino una manifestación más de una administración de fronteras inspiradas en el reforzamiento de Estados nacionales ‘securitistas’, concentrados en el control migratorio. La conformación de estos regímenes de la movilidad global se entrecruza históricamente con la situación económica recesiva, agudizada por la crisis financiera derivada del desplome de los mercados inmobiliarios en 2007, tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa, y con una lenta recuperación de los mercados laborales e inmobiliarios durante la última década. El arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se inscribe en una tendencia de más largo plazo: la llegada de gobiernos nacionalistas de ultraderecha en diversos países, obsesionados con la aplicación de políticas de cierre de fronteras y con la implementación de programas antimigración discriminatorios y selectivos.

Las políticas migratorias restrictivas, en Estados Unidos, se implementaron desde bastante antes de la llegada de Donald Trump al gobierno del país, impactando fuertemente en la dinámica de los flujos migratorios desde México y Centroamérica. Desde finales de los años 90, estos cambios se reflejaron en el comportamiento de los flujos migratorios intrarregionales. El año 2001, con el ataque al WTC en Nueva York, constituyó un momento clave, en el que se agudizó el rigor del control migratorio, el cierre de la puerta de entrada a Estados Unidos por la frontera Norte de México, acompañado de un reforzamiento de la frontera Sur con Centroamérica. Un proceso que incrementó la vulnerabilidad y la precariedad de los migrantes centroamericanos en su viaje a través de México, elevando de forma exponencial los costos humanos y económicos del tránsito hacia la frontera norteamericana.

La crisis financiera internacional de 2007 produjo un segundo momento de quiebre en la dinámica migratoria y en el funcionamiento de las fronteras. Además de incrementar el control y la deportación de los migrantes sin documentos, bloqueando aún más la frontera Norte mexicana, aumentó el regreso de migrantes latinos a sus países de origen como producto de las condiciones deprimidas de los mercados laborales, sobre todo de la industria de la construcción y la manufactura norteamericana. La administración de Barack Obama, entre 2009 y 2016, agudizó aún más la política de deportaciones. Mientras la población migrante indocumentada en Estados Unidos se había triplicado entre 1990 y 2007, del año 2009 al 2016, el gobierno Obama superó la cifra de deportados de cualquier otro presidente en la historia del país: 2.500.000 de personas.

Entretanto, mientras en este período el número de mexicanos indocumentados se redujo en más de un millón de personas, el de migrantes indocumentados provenientes de países centroamericanos y otros países asiáticos o del África subsahariana, no dejó de crecer. Los migrantes centroamericanos, por ejemplo, crecieron cerca del 8 % entre el año 2007 y el 2015. Sin embargo, algunos grupos nacionales sufrieron deportaciones de manera más intensa que otros. Por ejemplo, en los últimos 15 años, 400.000 salvadoreños fueron deportados, más de la mitad desde México y el resto desde Estados Unidos. Un número altísimo, considerando que se trata de un país con poco más de 6 millones de habitantes. Las deportaciones operan de forma selectiva, lo que impacta no solo en la frontera Norte de México, sino también en su frontera Sur. Entre el año 2000 y el 2010, se registró un incremento de casi el 50 % de la población salvadoreña, guatemalteca y hondureña residentes en México.

En este escenario, una de las principales amenazas anunciadas por Trump, no se limita a la construcción de un muro en su frontera Sur. La ejecución de medidas de control migratorio más estrictas y generalizadas buscan expulsar a migrantes que llevan varios años residiendo en Estados Unidos, gran parte de los cuales carecen ya de arraigo en sus países de origen. La ya cuestionable política de deportaciones de Barack Obama se ha radicalizado. Un hecho grave considerando que, a pesar de la sistemática asociación de las deportaciones con la prevención del delito, durante los últimos 20 años, la mayor parte de los migrantes deportados no tenían cargos criminales ni en sus países de origen ni en Estados Unidos. En los primeros tres meses del gobierno de Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, ha arrestado a 41.318 personas por cargos de inmigración: un incremento de 37.6 % respecto del mismo periodo en 2016.

Las cada vez más restrictivas medidas de control migratorio entre Centroamérica, México y Estados Unidos tienen efectos profundos en las ciudades fronterizas. En Tijuana, a los migrantes haitianos, cubanos y norafricanos “atrapados” en busca de asilo, se suman los deportados y removidos de Estados Unidos, mexicanos y centroamericanos, incrementando la demanda de servicios, la vulnerabilidad y las precarias condiciones de vida miles de seres humanos. La violencia del crimen organizado en México no hace más que volver más complejo y dramático este escenario.

¿Estamos en presencia de una “crisis migratoria”? Más bien, como en las tragedias que se multiplican día tras día en el Mediterráneo, estamos viviendo las consecuencias catastróficas de políticas migratorias cada vez más restrictivas. Consecuencias catastróficas que se intensifican en un escenario mundial de aumento de las desigualdades y de negación de oportunidades y derechos fundamentales a una parte significativa de la humanidad que sueña y lucha por vivir dignamente, del otro lado de la frontera.

Liliana Rivera Sánchez es profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, COLMEX. Integrante de la Red de Posgrados y del Núcleo de Estudio sobre Migraciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Migraciones: desigualdades y tensiones.