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Montoro es una losa

La reprobación del ministro de Hacienda erosiona la estabilidad política

Cristóbal Montoro, después de la reprobación

Aunque desde el Gobierno se quite importancia política a la reprobación por el Congreso del ministro de Hacienda, la posición de Cristóbal Montoro constituye una anomalía democrática y un obstáculo evidente para la estabilidad que pregona el presidente Rajoy como seña de identidad de su política. El hecho de que el presidente del Ejecutivo no esté obligado a tener en cuenta el rechazo parlamentario a la gestión de su ministro de Hacienda no disminuye en nada las consecuencias indeseables que se derivan de mantenerlo en el cargo.

Como en el caso de Rafael Catalá, ministro de Justicia también reprobado, sostener hoy la confianza en el responsable de la Hacienda pública es un indicador claro de escaso respeto a la institución fundamental para el funcionamiento democrático, como el Congreso. Falta de respeto que, por cierto, se ha encargado de subrayar el reprobado con una frase displicente: “La vida sigue”. A pesar de lo que digan los representantes de la soberanía popular, le ha faltado añadir.

El daño de sostener contra viento y marea a reprobados como Montoro y Catalá no es solo moral. Tiene implicaciones prácticas para la vida política. Ambos ministros han perdido credibilidad para pactar con la oposición programas comunes de acción esenciales para el funcionamiento del Estado. En el caso de Montoro la situación es de especial gravedad, porque la reprobación coincide con la negociación del techo de gasto para los Presupuestos de 2018 y con implicaciones inmediatas sobre las comunidades autónomas. La decisión del PSOE de no sentarse a negociar el techo de gasto con el ministro reprobado es una prueba práctica de que la proclamada estabilidad política ha resultado afectada por la decisión del Congreso. Cosa distinta es que el PSOE acierte o se equivoque al dar ese paso; al fin y al cabo, no es muy coherente negarse a la presencia de Montoro, pero aceptar la conversación con uno de sus secretarios de Estado. El hecho es que Rajoy tiene un problema político grave, con incidencia directa sobre los Presupuestos y que ese problema puede acabar, si se empecina en no resolverlo, en otras iniciativas políticas de mayor alcance contra el Gobierno del PP.

Cristóbal Montoro no ha sido reprobado por unas declaraciones fuera de tono, ni por un problema menor o indemostrable. La Cámara ha mostrado su rechazo por un error descomunal, que inhabilita para gobernar a quien lo comete: la amnistía fiscal (regularización, en los términos del ministro) que él promovió y aprobó ha sido declarada anticonstitucional.

A partir del momento mismo de la reprobación, la presencia de Cristóbal Montoro se constituye en una carga muy pesada para las tareas más elementales de gobierno. No puede estar al frente de los Presupuestos ni de la Administración Tributaria el autor de una norma declarada anticonstitucional. Y si en contra de las normas de prudencia política se le mantiene en el cargo, es probable que el coste político para el Gobierno sea muy elevado. Tan elevado como para dar pábulo a nuevas acciones en contra del Ejecutivo, porque Mariano Rajoy estaría cargando de razones a la oposición.

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