Bonificación universitaria

La decisión de la Junta de Andalucía de bonificar a partir del próximo curso el 99% de la matrícula universitaria a todos los alumnos que hayan aprobado la totalidad de los créditos del curso anterior es una medida muy novedosa que avanza hacia la gratuidad total de la universidad, un modelo que ya existe en otros países europeos y que merece ser tomado en consideración. Nada hay que objetar a que Andalucía, haciendo uso de su autogobierno, decida priorizar este tipo de políticas de carácter universal, que no están vinculadas, como sí hace el sistema de becas, a renta familiar, sino que las considera un derecho vinculado a un rendimiento. Es una forma de predistribución que tiende a igualar las condiciones de partida y que puede además actuar como un potente estímulo del esfuerzo académico.

La medida implica que los universitarios andaluces de grado o máster pagarán solo el 25% de las tasas establecidas y el importe de la bonificación —unos 30 millones de euros— se incluirá en el presupuesto universitario. El cambio ha sido bien recibido por los rectores de las diez universidades públicas andaluzas, aunque tienen razón cuando indican que la Junta debería hacer también un esfuerzo para saldar la deuda de 278 millones que tiene con ellas.

España es el cuarto país europeo, tras Reino Unido, Irlanda y Holanda, con las tasas universitarias más altas. La reforma aprobada por el PP en 2012 permitió que las comunidades aumentaran el precio dentro de unos límites. El resultado es un mapa con grandes desigualdades. Andalucía es al segunda comunidad, tras Galicia, que menos ha subido las tasas. Los 756 euros que cuesta la matrícula en esta comunidad contrastan con los más de 2.000 que se pagan en Cataluña, donde estos ingresos cubren el 33% del coste de los estudios. En un Estado descentralizado y plural, caben modelos diferentes. Lo interesante ahora es evaluarlos y utilizar estas experiencias para mejorar el conjunto del sistema.