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Ocurrió en tres ocasiones. El 10 de mayo. El 30. Y el 28 de agosto de 2014. Tres días y tres lágrimas tan negras que oscurecen el horizonte. Desde entonces, a Glendy Diane* no le gusta mirar al infinito. Sabe que allí siguen los campos de milpa y que de los campos de milpa nacen las nubes negras. Las que traen a sus ojos de miel el recuerdo de aquel jornalero que abusó de ella hasta robarle las ganas de mirar el horizonte.

“No se lo conté a nadie”. Tampoco nadie la iba a creer. El hombre que la violó era amigo de la familia, uno de esos trabajadores que les ayudaba año tras año en los cultivos de maíz. Conocía los horarios de la casa, cuándo la madre salía al mercado y cuándo Glendy volvía de la escuela. Aquel día, aquel 10 de mayo, la madre había ido a comprar y en la vivienda de la aldea de Buenavista, apenas a 10 minutos del parque central de Chimaltenango, en las montañas de la Sierra Madre, sólo estaban Glendy y su hermano Felipe. “A él lo mandó a comprar. Después fue a la entrada. Las llaves de la casa siempre estaban en la puerta. La cerró y volvió a por mí”.

Han pasado ya tres años y a Glendy se le sigue ennegreciendo la mirada. Pasarán tres años más y Glendy seguirá llorando lágrimas negras.

“Me empujó, me tiró sobre la cama. Recuerdo que me pegó antes de arrancarme el corte [la falda tradicional de los pueblos originarios de Guatemala]”. Antes de agredirla sexualmente, el hombre que había fantaseado con ella desde que era una niña la miró de nuevo a los ojos: “Vas a ser mía”. “Yo traté de defenderme y de gritar, pero él me tapaba la boca. Cuando terminó me tiró 10 quetzales (1,2 euros).

La propia Fiscalía de Guatemala reconoce que por cada víctima que denuncia una agresión sexual hay otras siete que no lo hacen.

“Esto no se va a quedar así”, le advertí, pero él se volvió y me amenazó: “Sí decís algo voy a matar a tu familia y a ti”.

“No se lo conté a nadie”. Glendy tenía entonces 14 años y el peso sobre su espalda de una cultura patriarcal que responsabiliza a las jóvenes de las agresiones “normalizando los comportamientos violentos de los hombres”, señala la analista judicial Stephanie Rodríguez. En 2015 se registraron en Guatemala 11.299 denuncias por violencia sexual. 31 al día. La propia Fiscalía reconoce que por cada víctima que denuncia hay otras siete que no lo hacen. “El miedo, la desinformación y el desgaste que provoca un proceso judicial largo” son algunas de las razones que explican la falta de acusaciones, apunta la psicóloga Paola García, que lleva tres años y medio trabajando con este colectivo en el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimu) que la asociación Asogen gestiona en Chimaltenango. Mas también existe un razonamiento consuetudinario que minimiza la agresión: “En muchos casos” —continúa la psicóloga— “las familias no lo ven como un delito, sino como algo que se soluciona con dinero para pagar la manutención o casándose”.

La mayoría de los agresores provienen del círculo cercano a la familia, “en ocasiones sus propios padres o padrastros”. O el jornalero de los campos de milpa. Personas que se sirven de la intimidad para agredir a sus víctimas, quebrando para siempre el espejo de la confianza. Sin el apoyo de sus familias, especialmente de las “madres que reniegan de sus hijas”, éstas entran en una espiral de “baja autoestima” y “mucha culpa” que acaba por truncar su proyecto de vida, señala García.

“Yo ni ganas de estudiar tenía”, insiste Glendy, quien hasta entonces no había faltado por gusto a ninguna de las clases. Pero los meses que siguieron a las violaciones fueron un infierno para la joven: no sólo la habían forzado, sino que su propia madre no confiaba en ella.

“Yo ya se lo había contado, pero no me creyó”. “No quiero problemas, me dijo”.

Pero Glendy no se podía quitar de la cabeza lo ocurrido. “Pensaba en mis sobrinas pequeñas, no quería que algo así les pudiera pasar a ellas. ¿Si me atacó a mí, por qué no lo iba a hacer con ellas?”

La mayoría de los agresores provienen del círculo cercano a la familia, en ocasiones sus propios padres o padrastros

Meses después, el día del cumpleaños de su hermana mayor, emigrada en Estados Unidos, empezó a llorar mientras hablaban por videoconferencia. “No aguanté más”. Habló con ella en privado. Habló del sueño tantas noches repetido. De los campos de milpa. De las nubes negras que emborronaban el horizonte.

—¿Son ciertas esas babosadas? —le inquirió su hermano a las pocas horas, alertado por la mayor de la familia.

—Sí.

—Bueno, pues prepárate. En 30 minutos te recojo en la casa y vamos a presentar la denuncia.

De ahí marcharon al hospital. Le hicieron pruebas, varias, para adjuntar a la acusación. Glendy por fin se sentía aliviada. “Quería justicia”. Pero quería sobre todo el apoyo de su madre.

—Gracias por acompañarme a denunciar.

Glendy no obtuvo respuesta. Sólo un silencio que oscurece todavía hoy sus lágrimas negras.

La revictimización y la violencia institucional: tres años después, el agresor sigue libre

Desde 2008, existe en Guatemala una ley contra el Feminicido y otras formas de violencia contra la mujer. Sin embargo, las cifras de homicidios no han dejado de crecer desde entonces: si aquel año fueron asesinadas 573 mujeres, en 2016 la cifra ascendió a 766. Una dramática tendencia que se repite en el número de agresiones sexuales, disparadas más de un 200% en ocho años. Y es que pese a haberse registrado más de 42.000 denuncias en este período, apenas se han detenido 2.909 agresores, 2.899 hombres y 10 mujeres.

“El Estado no está garantizando el derecho a las chicas a vivir libres de agresión sexual”, alerta la abogada Marilyn Pellecer, especialista en delitos contra este colectivo. A Glendy le pusieron seis meses de protección policial, lo que no ha impedido que se siga cruzando con su agresor por las calles de Chimaltenango. “Él se me queda mirando de arriba a abajo cuando nos cruzamos, pero yo lo ignoro”.

Aunque existe un proceso judicial en su contra, la policía no ha sido capaz de localizarlo. Tres años después de la múltiple agresión, el jornalero continúa libre. Incluso llegó a presentarse en casa de Glendy, preguntando si podía alquilar el terreno de las milpas para el cultivo. Fue el 15 de enero de 2016. Y para entonces ella ya no le tenía miedo.

“Salí a enfrentarlo: 'Usted sabe el daño que me hizo”, le dije.

Su madre también acudió. “No”. No le iba a alquilar sus tierras. No al hombre que había agredido a su pequeña.

En unos meses, la situación en la casa había cambiado positivamente. La terapia familiar había funcionado: ya no había discusiones y sus padres se preguntaban qué habían hecho mal para que su hija no hubiese confiando en ellos para contarles lo que pasaba. Para contarles que uno de sus hombres la estaba violando.

Pese a haberse presentado mas de 42.000 denuncias en ocho años, apenas se han detenido a 2.909 agresores

Cada día llegan al Caimu de Chimaltenango ocho casos como el de Glendy. Casos que en ocasiones ni siquiera han sido denunciados. Casos en los que a veces hay pequeños recién nacidos. Estos, reconoce la psicóloga García, suelen ser los más complicados: madres que rechazan a sus bebés ya que “al ver al niño ven al agresor”. Sin posibilidad legal de abortar de no mediar un peligro físico para la progenitora, muchas chicas se ven obligadas a quedarse con los bebés pese al dolor psicológico que les provocan. Eso, o recurrir a un aborto ilegal. Uno de los 65.000 que se producen anualmente en el país.

El éxito en la recuperación de las chicas, un trabajo que se prolonga como mínimo durante año y medio, pasa por volver a convencerlas de lo que son. Buenas estudiantes y mejores hijas. Se trata de volver a juntar los pedazos rotos del horizonte. “Hacemos talleres de grupo, para que sepan que no sólo a ellas les ha pasado eso”. Para que sepan que no están solas. A menudo, continúa García, las chicas sufren estigmatización social (“ahí va la violada”) y tienden a aislarse. Como consecuencia, su rendimiento escolar baja y muchas optan por abandonar su formación.

En las paredes del centro de asistencia, un pequeño local de dos plantas en el que las jóvenes charlan sin alzar demasiado la voz, cuelga un mismo mensaje con distintas palabras: Yo valgo, yo soy capaz, yo soy única, yo soy importante. Porque Puedo lograrlo. Soy inteligente. Puedo hacerlo. Hay que “transformar el pensamiento de “soy culpable” a algo positivo, a “soy capaz”, y lograr que eso se traslade a la vida diaria”, explica García. Para ello, es fundamental trabajar con las chicas, lograr que recuperen su proyecto vital y sus ganas de estudiar, pero también con las familias. Para que nunca más se vuelvan a sentir solas.

“Ahora quiero seguir estudiando. Este mismo año voy a empezar la carrera de enfermería”, asegura Glendy.

Pero todo este esfuerzo es en vano sin un cambio social. Sin la transformación del pensamiento patriarcal y la violencia institucional que ejerce el Estado: “La violencia contra la mujer es el único delito en el que la víctima tiene que demostrarlo”, advierte la activista Alva Gordillo. A lo largo del proceso judicial, el cual dura alrededor de cuatro o cinco meses, las jóvenes tienen que “repetir” lo ocurrido “cinco o seis veces”, “lo que supone una revictimización” constante, denuncia la abogada Pellecer.

Además, “les exigen que recuerden la fecha y la hora y el lugar exactos en el que sucedió la agresión, si no, no resultan creíbles”. Como consecuencia apenas “el 40%” de las agresiones son condenadas: “No tenemos ni jueces ni fiscales sensibilizados”. Una violencia institucional que oscurece las lágrimas negras de las niñas que tienen miedo de mirar al horizonte.

*El nombre es ficticio para preservar su identidad.