El último refugio de las niñas víctimas de trata

María (nombre ficticio) tenía cinco años cuando unos familiares abusaron sexualmente de ella por primera vez. Desde entonces, y hasta que cumplió 17 años, su vida fue un infierno en la que incluso sus paientes llegaron a alquilarla entre los presos de una cárcel para que la violaran. Ahora cuenta con 22 años y lleva cuatro viviendo en La Alianza (ALA), una institución creada en diciembre de 2010 para proteger a las niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales, violaciones o que han sido víctimas de la trata de personas en Guatemala. Dirigida por la poeta y articulista guatemalteca Carolina Escobar Sarti, esta asociación sin ánimo de lucro atiende a 65 chicas entre los 12 y los 22 años que han sido derivadas por un Juzgado al considerar que sus familias no se podían hacer cargo de ellas o que estaban desamparadas.

Pese a que en un principio estaba previsto que al cumplir los 18 estas jóvenes abandonarían La Alianza si así lo deseaban, Escobar explica que se decidió crear una casa de transición para que las niñas que llegan a esta edad y no tienen familia porque la perdieron o las abandonaron puedan continuar estudiando para vivir de manera independiente en un futuro con un empleo digno. Actualmente, la residente de mayor edad es, precisamente, María, que tiene 22 años. Fue rescatada cuando tenía 17 por la Procuraduría de Derechos Humanos, que pidió a La Alianza que se hiciese cargo de ella dada la gravedad de su caso.

Así, tras conocer el horror que sufrió la joven durante su corta vida, el equipo de atención integral de ALA hizo una excepción y decidió acogerla en la residencia, donde permanecerá toda su vida si ella quiere, tal y como aseguran sus responsables. Durante los últimos cuatro años, la niña  ha recibido atención psicológica y psiquiátrica igual que el resto de menores que la habitan. Ubicada en la capital de Guatemala, medio centenar de trabajadores se preocupa de sus planes de vida, su formación y de su cuidado para restituir sus derechos, sanar en lo posible sus traumas y conseguir que a corto plazo se valgan por sí mismas. Además, dos abogados y dos procuradores legales se encargan de llevar a cabo los procesos judiciales contra los agresores o los explotadores de las niñas; cada semana se celebra en los tribunales una media de cuatro audiencias para analizar la situación de las menores ingresadas en el centro.

Desde que abrió sus puertas, La Alianza ha atendido a 335 niñas y ha logrado 23 sentencias de las que 22 fueron condenatorias. La restante resultó absolutoria porque se probó la inocencia de la persona acusada por la menor. Entre las víctimas que consiguieron una condena contra sus agresores se encuentra una menor que fue violada por el hijo del pastor de su localidad. Tras producirse el abuso, según relató la abuela de la niña a personal de ALA, fueron muchos los hombres de la comunidad que golpearon la puerta de su casa para violarla, ya que consideraban que se había convertido en propiedad del pueblo y podían hacer con ella lo que quisieran. “En Guatemala existe una normalización de la violencia sexual, lo que permite que la trata se produzca de manera más fácil”, lamenta la directora de La Alianza, quien asegura que se ha enfrentado a casos que parecen “de ficción”, como el de una niña que llegó embarazada y que fue acogida durante tres años y medio en el centro tras ser violada entre los seis y los 15 años por su padre, su hermano, su abuelo y su tío, de los cuales solo alguno ingresó en prisión.

Según explica, la menor llegó desnutrida a La Alianza porque en casa los hombres comían primero y para ella sólo quedaban las sobras. Nadie consiguió que se alimentara, así que un día le dijeron en el centro que le darían lo que más quisiera en la vida si comenzaba a comer por lo menos un par de días. Ella contestó que lo haría porque lo que más deseaba era comer pollo de una conocida marca del país centroamericano. Tras probar algo durante dos días, la llevaron a un restaurante y la joven cumplió su deseo. El caso de esta menor no es excepcional en Guatemala, donde diariamente se contabilizan 18 partos de niñas de menos de 14 años, según el Sistema Nacional de Salud. Por su parte, Unicef apunta que cada día se quedan embarazadas 216 niñas y adolescentes, muchas de ellas tras ser violadas por familiares. Solo en los ocho primeros meses de 2015 se registraron 4.431 embarazos en niñas menores de 14 años, de las cuales había nueve con solo 10 años y 54 con 11 , tal como revela el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

Muy pocos casos son denunciados ante la Justicia, ya que, según constata Osar, una vez que queda embarazada la niña es obligada, ya sea por la familia o la comunidad, a asumir la maternidad. Ello se tradujo en que, de las 3.722 niñas menores de 14 años que quedaron embarazadas entre enero y julio de 2015, solo se presentaron 400 denuncias, mientras que el año anterior únicamente se denunciaron 680 casos que derivaron en 40 condenas pese a que la cifra de embarazos en esta franja de edad se elevó hasta las 5.119. Son varias las menores que viven en La Alianza con sus hijos, para quienes hay una guardería y unas cuidadoras para que las niñas puedan estudiar. Escobar señala que se dan casos en los que las menores rechazan a sus hijos y no quieren verlos, por lo que viven separadas de ellos en la residencia y sólo conviven con ellso unas horas al día. El objetivo es que poco a poco los vayan aceptando.

La directora de La Alianza señala que ha visto casos de familias con varios hijos en las que los padres deciden vender a su hija por 25 quetzales (menos de tres euros) para que mantenga relaciones sexuales, por lo que se dan muchos casos de prostitución infantil. Una de las menores que fue acogida se prostituía con 12 años y llegaba a tener hasta 25 clientes por día para “poder comprar el desayuno” a sus hermanos, según señaló la niña. La menor fue ingresada en esta institución, aunque su madre la llamaba constantemente para reprocharle que “por culpa suya” estaba enfermando ya que ella y sus hijos no tenían para comer.

Por su parte, la Procuraduría revela en su último informe sobre Trata de Personas en Guatemala que el 60% de las niñas embarazadas es de origen maya, por lo que alerta de que una niña indígena puede ser cuatro veces más discriminada por ser niña, menor de edad, indígena y pobre. Así, en estas comunidades suelen ser habituales los matrimonios forzosos entre niñas y adultos, lo que ha provocado que el Congreso de Guatemala aprobara en noviembre de 2015 una modificación del Código Civil para aumentar de 14 a 18 años la edad mínima de las niñas para poder casarse, si bien un juez podrá autorizar el matrimonio de menores si han cumplido los 16. Incluso en este punto existía discriminación, dado que los niños podían contraer matrimonio a partir de los 16 años, dos años más tarde que ellas, si bien también se ha elevado la edad hasta los 18. Hasta esa fecha, Guatemala era el único país de Centroamérica que permitía que las menores contrajesen matrimonio a tan corta edad. Lo que no lograron los legisladores fue un consenso para reformar también los artículos que permiten mantener relaciones sexuales con menores a partir de los 14 años.