Dar a luz entre la violencia

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A Mónica* la ingresaron al Hogar Seguro Vírgen de la Asunción en febrero, luego de que su padre sufriera un derrame cerebral. 20 días después, el pasado 7 de marzo ocurrió un amotinamiento en este centro, uno de los más importantes de Guatemala y que superaba la capacidad de niños y adolescentes que por espacio y atenciones debía acoger. El personal de la Secretaría de Bienestar Social intentó controlar la protesta juvenil, que denunciaba los maltratos y violaciones sexuales que los niños y niñas alegaban habían sido sometidos. Precisamente, meses atrás la Procuraduría de Derechos Humanos había reportado hechos por abuso infantil. Esa noche el motín empeoró y en la madrugada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, encerraron bajo llave a más de 50 niñas en un aula, quienes provocaron un incendio para que las dejaran salir. Eso no ocurrió inmediatamente. El fuego cobró las vidas de 40 de ellas. Mónica se salvó pero su nivel de quemaduras fue tan elevado que, junto con otras de sus compañeras, fue trasladada a un hospital en Galveston, Texas, para recibir tratamiento médico especializado.

Entre los cientos de sobrevivientes de este motín e incendio en el centro de protección, ubicado en San José Pinula, se encontraban nueve adolescentes embarazadas. Todas ellas, entre los 13 y los 17 años, habían llegado allí en estado de gestación. Aunque se desconocen las condiciones por las cuales llegaron al albergue estatal —si por abandono, huir de sus casas, ingresadas por sus padres o rescatadas de situaciones de violencia—, lo que sí alarma de este caso de Hogar Seguro es la falta de protección del Estado de Guatemala hacia la niñez y particularmente, hacia la seguridad y salud de niñas y adolescentes.

“Si acá todavía no se cumplen a cabalidad los derechos reproductivos de las mujeres, menos los de las niñas. Si las mujeres en Guatemala no somos sujetas muchas veces de derecho, las niñas todavía menos. Las mujeres vivimos violencia prácticamente desde que nacemos”, dice Linda Valencia,oficial de programa de Planned Parenthood Global para Guatemala.

Guatemala es uno de los países con las tasas más altas de fertilidad adolescente en Latinoamérica

Según la también médica, estudios realizados sobre niñas menores de 14 años que han sido víctimas de violencia sexual revelaron que el 80 % de los perpetradores “eran familiares cercanos a ellas”. Sin embargo, la situación se complica cuando, como resultado de estos delitos con tendencia a quedar impunes, se producen embarazos.

Guatemala es uno de los países con las tasas más altas de fertilidad adolescente en Latinoamérica. En 2016 se registraron en el país un total de 79.626 nacimientos de madres niñas y adolescentes, 2.504 entre 10 y 14 años y 77.122 correspondientes a edades de 15 a 19 años, según cifras del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR).

“Por ley, todo embarazo en una niña menor de 14 años es secundario a violencia sexual [delito]. En los últimos cinco años, Guatemala ha avanzado en el monitoreo de estos embarazos, implementación de una ruta de atención integral a estas niñas, desnaturalizando la gestación en niñas, y uniendolo al tema de delito y denuncia”, explica Mirna Montenegro, doctora y directora de OSAR.

Montenegro enlista la pobreza, el machismo, la falta de educación integral en sexualidad, la violencia sexual y las pocas oportunidades de estudio y planes de vida como factores asociados que contribuyen al alza en la maternidad infantil. La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 (un medidor de OSAR) indica que el riesgo de quedar embarazada —no necesariamente a consecuencia de una violación sexual—, es siete veces mayor en adolescentes que no cuentan con acceso a la educación y se multiplica por tres en adolescentes provenientes de los lugares más pobres.

“Ahora existe un mayor reconocimiento de los casos, hemos tenido denuncias por alcaldes auxiliares, familiares, maestros. Se inició la ruta de atención integral, pero muchas veces la niña es rescatada y llevada a un albergue seguro en vez de ser el agresor el que deba salir de la casa o apresarlo”, relata Montenegro, quien añade que “el sistema de protección social hacia estas niñas no es eficiente, el embarazo y la maternidad son forzadas”.

Posibles secuelas del conflicto armado interno

Para Paula Barrios, abogada y fundadora de Mujeres Transformando el Mundo, en Guatemala la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres es uno de los legados del conflicto armado interno (1960-1996).

“Hay una violencia institucionalizada y deriva del conflicto armado interno. Desde entonces siempre el interés de los gobiernos ha sido mantener el silencio. Que no conozcamos la historia de lo que realmente pasó, no conozcamos las masacres ni la violencia sexual que se cometió contra las mujeres como un arma de guerra. Eso no ha sido parte de los planes y las políticas del Estado para caminar hacia una paz duradera”, cuenta.

Valencia, quien vivió parte de ese período histórico, recuerda que durante la guerra civil “las niñas y las mujeres quedaron en medio de un conflicto donde ambos bandos, tanto el ejército como la guerrilla, las tomaron como botín de guerra. Llegaban a una población y lo que hacían era violar a las mujeres. Posterior a eso, quedan las secuelas. Queda una sociedad que vio los horrores de la guerra”.

Cuando se firmó la paz, la sociedad guatemalteca encaró otros problemas que se sumaron al reto del posconflicto tales como el crecimiento de las pandillas, el narcotráfico y la trata humana en Centroamérica que sólo empeoraron la situación de la mujer en el país y la región, según relató Valencia.

Con su organización Mujeres Transformando el Mundo, Barrios y su equipo legal han hecho acompañamientos a mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado perpetrados por el ejército, entre ellos el caso Sepur Zarco por hechos de esclavitud sexual cometidos contra mujeres q’eqchi. Aún hoy, continúa brindando apoyo a la comunidades indígenas con mayores registros de violaciones de género en departamentos tales como Escuintla, Chiquimula, Ciudad de Guatemala y Quiché, entre otros.

Estudios realizados sobre niñas menores de 14 años que han sido víctimas de violencia sexual revelaron que el 80 % de los perpetradores eran familiares cercanos a ellas

“En los casos que hemos llevado de violencia sexual, hemos visto sobre todo en niñas y adolescentes que hay un patrón sistemático de violación. No es solo una aislada, sino que pareciera que entre los hombres hay un convenio de que una niña es violable y abusan más”, explicó.

Uno de los temas que más preocupan a Barrios ha sido la contratación de exmilitares para prestar seguridad en los albergues estatales, como Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y que a pesar de las acusaciones de maltrato infantil, se repita la cultura de violencia contra las jóvenes y persista la impunidad.

Su colega Jennifer Bravo considera la falta de interés y ayuda por parte del Estado somete a las niñas a un “ciclo” en el que al quedar embarazadas a temprana edad —sea producto de una violación o relación de consentimiento— tengan pocas opciones. En el país, el aborto es prohibido a menos que se compruebe que la vida de la madre está en peligro pero pocas son las adolescentes que tienen la posibilidad de acceder a estos mecanismos de verificación. Son más las que deben dar a luz y, al verse con limitados recursos para cuidar al bebé, en ocasiones recurren a abandonarlo/a en albergues estatales, repitiendo así historias. “Es necesario generar un mecanismo de protección de la niñez que incluya la reparación de las niñas víctimas y reconstrucción de sus proyectos de vida”, dice Bravo.

Aunque existen programas de orientación sexual y salud reproductiva de la sociedad civil e instituciones privadas que alcanzan zonas rurales, las organizaciones civiles abogan por un mayor apoyo del Estado tanto para la reducción de violencia de género y el registro de violaciones así como también para la fiscalización de los delitos. “No podemos ir normalizando que niñas de nueve y diez años sean madres”, sentencia Barrios.

El Gobierno de Guatemala invierte el 1 % de su Producto Interno Bruto a la salud reproductiva, que proviene del 15% de impuesto a bebidas alcohólicas y que, a juicio de OSAR, ese número debería subir a un 4%.

Mónica* es un nombre ficticio para preservar la intimidad de la menor.