Reconversión en la estiba

El Gobierno ha aprobado un nuevo decreto ley para reformar el mercado de la estiba que, en principio, promete tener más éxito que el anterior, rechazado en el Congreso por los votos de la oposición el pasado 16 de marzo. Los sindicatos, recelosos, han presentado ya un nuevo preaviso de huelga. Pero, en conjunto, el Gobierno afronta en mejores condiciones el trámite en el Congreso. La reforma de la estiba se ha convertido en un problema político que es necesario superar con rapidez y solvencia.

El problema de fondo no está tanto en los cambios que introduce el nuevo decreto ley (mediación para garantizar los puestos de trabajo, supresión del recargo a la cuota empresarial a la Seguridad Social por los contratos temporales, eliminación del requisito del título de Formación Profesional), que son importantes, como en la percepción, evidente en marzo, de que no se habían agotado todas las posibilidades de negociación entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos. Fomento descuidó también lo que debería haber sido una negociación paralela con Bruselas para atemperar las fechas de aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la medida en que Íñigo de la Serna envíe al Congreso un texto legal que recoja un pacto firme con empresas y sindicatos, será aprobado por la Cámara y se conjurará la amenaza de pagar una sanción de 134.000 euros diarios.

El fondo técnico de la reforma de la estiba casi se reduce a una reconversión, con complicaciones adheridas pero secundarias. Al final, se trataba de pactar calendarios de liberalización, de garantizar en la medida de lo posible los empleos actuales, aplicar compensaciones y de proceder a una regulación en gran parte decidida desde instancias jurídicas europeas. Nada que no se hubiera hecho antes. Y antes podría haber acabado si se hubiera gestionado con tacto negociador.