Incógnitas en el ‘caso Castor’

El informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el almacén subterráneo de gas Castor, cerrado después de que unos 500 movimientos sísmicos sacudieran la zona situada frente a Vinaròs, apenas explica las causas del fracaso del proyecto. Lo único que está claro después del informe es que el almacén no se volverá a abrir por el alto riesgo de terremotos y tampoco se cerrará, porque el coste es excesivo.

El informe del MIT dice que los estudios previos al proyecto estaban “bien hechos”. Sin embargo, parece que no hubo informes previos para conocer la estructura tectónica del fondo marino donde se asienta Castor; que tampoco se estudió el comportamiento de la falla que ahora aparece como el problema principal. Que el MIT diga ahora que la relación entre la inyección de gas y los movimientos sísmicos es “probablemente alta” no hace sino redundar en lo ya se suponía; se trata de averiguar algo que todavía, más de tres años después del cierre, se desconoce: por qué no se supo a tiempo esa relación entre introducción de gas y sismicidad.

El caso Castor no se agota en la geología. Hay una investigación judicial en marcha (13.000 folios de instrucción) para determinar si los procedimientos de autorización fueron correctos o se ahorraron trámites. El proyecto Castor ha costado al erario público unos 1.700 millones en compensaciones e indemnizaciones a la empresa promotora (ESCAL, participada en el 66% por ACS). Cabe preguntarse por la responsabilidad política de quienes desde la Administración firmaron un contrato tan desequilibrado en favor de la promotora, que prácticamente excluía a ESCAL de cualquier riesgo económico e industrial; o por qué se reembolsó tan rápidamente la indemnización de 1.350 millones a la promotora sin investigar si la operación de inyección de gas se hizo en las condiciones técnicas adecuadas. El informe del MIT no cierra el caso Castor; sólo aplaza los interrogantes.