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Volver a San Carlos

El municipio antioqueño de San Carlos recuperó su esencia con el retorno de su población desplazada por la guerra

Luz Miriam López muestra el diario donde escribió la experiencia de retornar a su pueblo tras vivir como desplazada con su familia ocho años en Medellín. Ver fotogalería
Luz Miriam López muestra el diario donde escribió la experiencia de retornar a su pueblo tras vivir como desplazada con su familia ocho años en Medellín.
San Carlos (Colombia)

La guerra en San Carlos, un municipio de la región colombiana de Antioquia a 119 kilómetros de Medellín, acabó ya hace unos años, pero aquí nadie la olvida. En el Jardín de la Memoria levantado en la plaza central del pueblo, cada flor simboliza a una víctima con su nombre. Las hay de color rojo para representar a las víctimas de homicidio, amarillas para las victimas de minas antipersona, blancas para las víctimas de abuso sexual, azules para las víctimas de reclutamiento forzado y moradas para las víctimas de desaparición forzada. Las más abundantes fueron siempre las de color verde oscuro que llevaban el nombre de la familia que tuvo que dejar el pueblo por la violencia, pero a su lado se fueron colocando otras color verde claro que representan a esas mismas familias que decidieron regresar años después. Lo hicieron ya 13.500 personas de las 20.000 que llegaron a marcharse. Gracias a un exitoso proceso de retorno, el municipio antioqueño se ha convertido en un referente en un país como Colombia que tiene todavía siete millones de desplazados y la ardua tarea por delante de construir la paz.

San Carlos había sido un tranquilo pueblo campesino hasta que el Estado lo conceptuó como un lugar estratégico para el desarrollo de Colombia. En los ochenta, aprovechando sus grandes recursos hídricos, la construcción de embalses y centrales hidroeléctricas transformaron y se apropiaron del territorio. Hoy, se genera aquí un 33% de la energía del país, pero en la región todos saben la estela de sufrimiento que dejó la implantación de esos megaproyectos.

La riqueza energética despertó el interés de la guerrilla de las FARC y del ELN, y también de los paramilitares que empezaron a disputarse la zona. Los guerrilleros tratando de instrumentalizar el descontento social y sabotear las infraestructuras, y los segundos para contrarrestar a las guerrillas apoyados por las fuerzas militares del Estado que se dedicaron más a proteger las inversiones que a la población. Entre todos convirtieron a San Carlos en un campo de batalla donde la población civil llevó la peor parte.

Las estrategias de terror de los armados se tradujeron en masacres y asesinatos, desapariciones, violencia sexual, amenazas, extorsiones y colocación de minas. Los paramilitares destruyeron de forma sistemática proyectos agrícolas que se habían gestado durante años aludiendo que eran el sustento de las guerrillas. Cerca de tres décadas de asedio y muerte acabaron produciendo el desplazamiento de 20.000 de los 24.000 habitantes del municipio. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, San Carlos, memorias del éxodo en la guerra, la violencia vivida aquí representa uno de los casos más paradigmáticos de la capacidad devastadora que tuvo la guerra en Colombia.

Las lágrimas empañan la cara de doña Célima Ramírez cada vez que recuerda el día que tuvieron que abandonar el pueblo, su casa, las tierras sembradas y los animales. Vivieron como desplazados siete años en Medellín. Su marido pasó de cultivar la tierra a recoger cartones en la gran ciudad para subsistir. También Luz Miriam López fue de las personas que se desplazó en el 2002. “Como mamá tenía el corazón destrozado pensando en el futuro de mi niña, preocupada por donde iríamos a dormir y si alguien nos brindaría un plato de comida. Fue el peor de los sueños. El día que salimos de nuestra finca estábamos rodeados de uniformados por todas partes. Nos tocó dejarlo todo”, recuerda.

Los desmovilizados vieron que no les íbamos a sacar los ojos pero tampoco a permitir que siguieran haciendo lo mismo

Pastora Mira

La mayoría de sancarlitanos vivieron como desplazados en Medellín, muchos con la tristeza y añoranza que produce el desplazamiento y la expectativa de volver algún día. Con la desmovilización de los 2.000 integrantes del bloque paramilitar que operaba en la zona, la reforzada presencia militar y el repliegue guerrillero, muchas familias decidieron retornar por su cuenta y riesgo. San Carlos no era ya el mismo lugar que dejaron. Los caminos y las carreteras estaban deteriorados, los centros educativos destruidos, las casas semiderruidas y cubiertas de maleza, y existía un gran enemigo oculto; el de las minas antipersona sembradas por todas partes. La alcaldía local no tenía capacidad para atenderlos y declaró la emergencia por retorno para articular una respuesta que lideró finalmente la alcaldía de Medellín.

La llamada alianza Medellín-San Carlos promovió un programa de acompañamiento integral a las personas retornadas para que se hiciera en condiciones de seguridad, garantizando la restitución de sus derechos y revitalizando el desarrollo local. El programa apoyó a cientos de familias en temas como seguridad alimentaria, salud, atención psicosocial, educación, proyectos productivos y construcción o rehabilitación de viviendas, además de mejorar las carreteras e iniciar las tareas de desminado.

Fortaleza de los retornados

Retornar y reconstruir un proyecto vida en el mismo lugar que se dejó no fue una decisión fácil. Sin embargo, para muchos campesinos, angustiados de vivir en un bosque de cemento pasando penalidades, la posibilidad de poder volver a labrar la tierra en sus parcelas fue un anhelo cada vez mayor. “Extrañábamos nuestros sembrados, nuestros animales, los huevos que nos daban las gallinas, la leche que nos daban las vacas, las frutas con las que hacíamos jugo”, dice Luz Miriam que decidió regresar y hoy tiene un pequeño negocio de preparación de comidas típicas por encargo donde vende empanadas, morcillas y tamales.

Para María Patricia Giraldo, exalcaldesa de San Carlos y una de las promotoras del retorno, hacer que volviesen el mayor número de personas en condiciones de dignidad fue todo un reto. “Lo más difícil fue enfrentar la afectación psicosocial que dejó el conflicto armado en la gente. Y aún así, una ve esa recuperación que ha tenido el municipio en estos últimos años y no se la cree. Valoro mucho a las personas retornadas porque es de admirar que alguien que se desplazó de una vereda donde le asesinaron su hijo o le desaparecieron a su esposo regrese a la misma vereda y a la misma casa. Eso requiere de mucha fortaleza”, dice esta abogada sancarlitana.

doña Célima tuvo esa fortaleza. Nunca perdió la esperanza de volver. “Me vine primero sola. Cuando llegué la casa estaba medio caída y se lo habían robado todo; las ollas, las sábanas. Empecé a sembrar plátano y a los cinco meses ya había matas grandes. A mi marido y a mis hijos se les quitó el miedo y fueron llegando después. Al principio casi no había nadie y mire como está esto otra vez de gente. Regresar fue como volver a nacer”, dice.

Entre el paisanaje veredal de San Carlos, Eliécer Martínez, anda dedicado de pleno a sus cultivos de estevia. Retornó y le ha ido bien. “Quise cambiar porque aquí tradicionalmente siempre estamos con el café o la caña de azúcar, La estevia es un cultivo que necesita menos tierra, produce muy rápido y da buena rentabilidad porque ya tenemos toda la comercialización asegurada en Bogotá y Medellín”, afirma. No muy lejos, Dora Nelly Bedoya vuelve a criar cachama y pilapia en sus estanques piscícolas, lo mismo que había hecho toda la vida antes de ser desplazada.

Todos ellos ya pueden recorrer sin miedo los caminos de las veredas, ahora libres de minas. Y es que la presencia de minas supuso una de las mayores dificultades en relación con el retorno. Desminar todo el territorio fue una tarea gigantesca realizada por los propios retornados de la mano con el Ejército en la que se destruyeron cerca de 750 minas. San Carlos fue declarado como el primer municipio de Colombia libre de sospecha de minas.

Doña Pastora

El otro gran reto del proceso de retorno fue el de la reconciliación. La llegada al municipio de 46 paramilitares desmovilizados para reinsertarse generó una difícil situación para los residentes de San Carlos, especialmente para los que fueron víctimas de sus atrocidades. Unos volvieron a delinquir, pero la gran mayoría si logró reinsertarse. Ramón Alonso es uno de ellos que inclusive pidió perdón públicamente a los que sufrieron la violencia paramilitar en el municipio. “Con las víctimas me fue bien. Al principio, frente a ellas, uno no era capaz ni de hablar, se le hacía un nudo en la garganta. Sentí también el desprecio que luego fue desapareciendo. No quiero más aquella vida, aunque me han seguido presionando para que volviera a coger un arma a cambio de dinero” dice el desmovilizado que pudo acabar el bachillerato, tuvo dos hijos y consiguió trabajo.

Desminar el territorio fue una tarea gigantesca realizada por los  retornados y el Ejército. Se destruyeron cerca de 750 minas

Ramón Alonso no hubiera podido reinsertarse sin la ayuda de Pastora Mira, una de las personas que mejor entiende lo sucedido en San Carlos. Ella es una de las cuatro mil personas del municipio que se resistió a abandonarlo y vivió prácticamente confinada durante los años más duros de la guerra. A doña Pastora, como aquí la conocen, el conflicto armado le quitó a su padre, a su marido, a un hermano y a su hijo y a su hija, secuestrados y asesinados ambos por los paramilitares.

Sin embargo, esta reconocida lideresa sancarlitana, que fue concejal local durante la etapa del retorno, hizo una decidida apuesta por la reconciliación y el perdón. Creó en su tiempo el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE) cuando muchas víctimas empezaron a perder el miedo y hacerse visibles para reclamar sus derechos. Con la llegada de los desmovilizados, algunos sancarlitanos se preguntaron qué iban a hacer para convivir con ellos y promovieron un acercamiento que tuvo un impacto positivo, aunque también hubo víctimas que jamás tuvieron la fuerza suficiente para medírseles. “Mi mamá nunca vino al CARE. Tuvo 10 hijos y le mataron a tres. Cada uno lleva su proceso”, dice María, una de sus otras hijas que si participaba en las actividades del centro.

La idea, reconoce Pastora, tuvo muchos detractores, pero la defiende sin fisuras. “Decían que cómo se nos ocurría que las víctimas trabajasen con los victimarios y yo contestaba que lo único que pretendíamos era mejorar la convivencia y que no hubiera más muertos. Los desmovilizados vieron que no les íbamos a sacar los ojos pero tampoco a permitir que siguieran haciendo lo mismo. Y así se fue presentando también la posibilidad de que nos dijeran donde estaban las fosas para encontrar a nuestros seres queridos. Localizamos 42 cuerpos, entre ellos el de mi hija. Las victimas aquí no le hemos apuntado tanto a pedir justicia punitiva, sino más bien restaurativa”, dice Pastora.

La lideresa sancarlitana, que hoy se dedica a hacer pedagogía por todo el país explicando la experiencia de San Carlos, valora, incluso por encima del retorno, el esfuerzo de sus paisanos por conseguir la reconciliación que a la postre, dice, es la razón por la que hoy el pueblo está tranquilo. “En San Carlos se logró la reconciliación y esta vale pena si somos capaces de proyectarla. Acá la guerra no vuelve, no la dejamos entrar”, afirma convencida.

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