La hora del pacto salarial

Gran parte de la estabilidad de la economía española depende de una política de rentas razonable y coherente con la evolución actual de la economía española. A estas alturas de 2017 ya deberían tener los agentes sociales una propuesta de variación salarial para el próximo periodo. Pero no hay propuesta ni visos de obtenerla. Mientras que en 2012 y 2015 se firmaron sin fricciones dos pactos que equivalían a una congelación salarial el primero y a una moderación intensa el segundo, en 2017, cuando han cambiado las tornas y se hace necesario trasladar a los asalariados la mejora general de la economía y, en particular, de los beneficios, la negociación se enreda en una maraña de peticiones que bloquean el acuerdo entre patronal y sindicatos.

Es cierto que desde las filas de algún sindicato se ha agitado la idea de la conflictividad. Y también que, probablemente, las posiciones de partida en torno a la evolución deseable de los salarios están alejadas. Pero el camino de la negociación debería desbrozarse de cualquier reclamación, requisito o subtrama negociadora ajenos a la cuestión nuclear, que es un pacto social. Por tanto, no deberían entrar en la negociación salarial cuestiones tales como los liberados sindicales, la ley de huelga o las modalidades de contratación laboral, por citar tres invocaciones de la patronal. Es la hora de pactar una política de rentas nueva, porque es lo que necesita el país; y el resto de los asuntos, importantes todos, no pueden bloquear el acuerdo necesario. Y, por cierto, proponer, en la situación actual de las pensiones, una rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas no solo es inasumible por los sindicatos, sino también por el Gobierno.

El Ejecutivo tiene una responsabilidad, aunque sea indirecta, en la política de rentas. No se trata de que intervenga en la negociación, sino de que inste a las partes, con todos los medios a su alcance —que son muchos—, a que negocien en serio.