El Congreso ante la eutanasia

España no es un buen lugar para morir. Los cuidados paliativos tienen una distribución desigual y no llegan a toda la población que podría necesitarlos. Y a veces, cuando llegan, no es lo que se requiere. Las decisiones sobre cómo pasar los momentos finales de nuestra vida se encuentran así limitadas en nuestro país.

Recientemente se ha ido avanzado en materia de autonomía de los pacientes, de reconocimiento de los derechos a no iniciar o recibir tratamientos que se estimen fútiles, en la creación de documentos de instrucciones previas. Sin embargo la legislación sobre los últimos momentos de la vida ha marcado en todo momento un límite infranqueable: la regulación de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. El Código Penal sigue castigándolos.

En legislaturas anteriores se han rechazado en el Parlamento propuestas que buscaban regular el derecho a solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a la propia vida en situaciones muy concretas: padecer una enfermedad en fase terminal o sufrimientos intolerables. En los últimos años hasta siete parlamentos autonómicos han instado al Congreso a aprobar una ley en este sentido, en todos ellos con apoyo de parlamentarios autonómicos del PSOE, lo que induce a pensar que esta vez lo apoyarán.

Hasta siete parlamentos autonómicos han instado al Congreso a aprobar una ley que regule el derecho a morir

Diversos países aprobaron hace tiempo leyes que la regulan: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, algunos estados de Estados Unidos o Canadá. Próximamente puede unirse Portugal. Los estudios sobre el desarrollo de estas leyes están demostrando que en ningún caso se dan los problemas que habitualmente se esgrimen por los detractores de la eutanasia. No existe por tanto a día de hoy base material que las justifique.

En nuestro país el apoyo social a la regulación de la eutanasia camina muy por delante de la legislación. Metroscopia lo cifraba este mes de febrero en un 84%. Son porcentajes que se mantienen así de altos desde hace años. Si este sentimiento de aprobación se escuchara, la ley sería una realidad hace ya tiempo.

Tenemos un marco sobre el que construir una propuesta firme en este sentido. Los valores de libertad y dignidad, así como la protección frente a tratos degradantes, están recogidos en la Constitución. La Ley General de Sanidad, la de Autonomía del Paciente y los desarrollos autonómicos en relación a la toma de decisiones en los últimos momentos de la vida han ido erigiendo el sustrato normativo capaz de despenalizar la eutanasia.

Desde Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea registramos el pasado enero una proposición de ley sobre eutanasia cuya toma en consideración para iniciar su trámite parlamentario se votará este martes 21 de marzo. El texto es fruto de un proceso de meses de trabajo junto a referentes en este tema en los ámbitos de la judicatura, la filosofía y la bioética, la medicina, la sociología y la política, o la propia sociedad civil organizada. Nuestra propuesta garantiza derechos a la vez que protege a los médicos y profesionales sanitarios, todo ello enmarcado en la regulación de unos supuestos muy específicos, con Comisiones de Evaluación que velarán por su correcta aplicación.

Nuestra propuesta garantiza derechos a la vez que protege a los médicos y profesionales sanitarios

Un nuevo portazo parlamentario supondría que las instituciones representativas seguirían sin dar respuesta a la demanda social sobre un asunto de extraordinaria importancia que tiene que ver con algo tan íntimo y fundamental como los últimos momentos de nuestra vida. Hay gente que no puede esperar más.

Varios son los principios que soportan nuestra propuesta. Una autonomía no solo individual, que nos permita decidir sobre nuestra propia vida, sino también enfocada hacia su dimensión relacional, tomando en cuenta a familiares y allegados, fortaleciendo una relación clínica basada en la deliberación con los profesionales sanitarios, desde un compromiso público que garantice estos derechos de forma justa y equitativa. Valores médicos como son los de no dañar y los de beneficiar a otro a partir de su propia valoración. La solidaridad con el sufrimiento de quien padece situaciones insoportables, desde una conciencia de vulnerabilidad compartida que nos permite asimismo rebajar nuestras ansiedades frente al proceso de muerte.

En definitiva, principios amplios para una ley que regule el ejercicio de un derecho con plenas garantías. Principios que parten de aquello que ya dijera Ramón Sampedro, “vivir es un derecho, no una obligación”. Lo que sí ha de ser una obligación para los poderes públicos es dotar a la vida de condiciones dignas hasta el final. Nuestra sociedad está más que preparada, confiemos en que nuestros políticos también lo estén.

 Eva García Sempere es diputada de Unidos Podemos.