Cocaína que trae el mar

Franklin Moreno, líder social de Jurubirá, asegura que el conflicto armado nunca ha afectado a la localidad y, a continuación, explica cómo los pescadores viven de vender paquetes de cocaína que llegan hasta la playa cada madrugada. Gerladine Gil, habitante de este pueblo en la costa del Pacífico de Colombia, no está de acuerdo con Moreno y define al narcotráfico como “el motor de la guerra”. Dice que, hasta que el Estado no acabe con el negocio de la droga, no dejarán de ser pobres y la violencia no acabará.

Para cambiar la principal forma de subsistencia del municipio, Gil ha propuesto a la asociación local Mano Cambiada un proyecto educativo y, a la vez, colabora con la organización para promover el territorio como destino turístico. El movimiento social de Jurubirá se ha marcado un reto: encontrar alternativas para el futuro de grandes y pequeños.

Hasta que el Estado no acabe con la pobreza, la paz no llegará a Colombia

Uno de los puntos centrales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC se centra en la erradicación de conreos ilegales y el fin del narcotráfico. El Censo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas determinó que, en 2015, las plantaciones de hoja de coca generaron 479 millones de dólares en el país. La planta procesada y convertida en cocaína es empaquetada y transportada por rutas aéreas, terrestres y marítimas hacia Centroamérica y Estados Unidos. Jurubirá es un pueblo del departamento del Chocó, un corredor estratégico para el tráfico de droga, armas y personas. Conecta con los territorios del sur del país, donde se cultiva el 81% de la hoja de coca, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. En el norte, hace frontera con Panamá y tiene salidas al Océano Pacífico y al Atlántico.

Cuando las lanchas viajan en plena noche a mar abierto o por el río Atrato, se producen redadas del ejército y la policía nacional. Los tripulantes lanzan los paquetes por la borda antes de que los detengan, y las corrientes marinas y fluviales llevan las llamadas pacas hasta la orilla de playas como la de Jurubirá.

Josefina Klinger, una de las mujeres más influyentes de los movimientos sociales colombianos, afirma que hasta que el Estado no acabe con la pobreza, la paz no llegará a Colombia. Mientras tanto, la corporación de la cual es fundadora y directora, ha iniciado el proyecto propuesto por Gil a principios de verano. Cuatro profesores de la región han viajado hasta el pueblo a dar clases de música, danza, teatro y deporte para transmitir el mensaje de que existen alternativas de vida al tráfico de drogas.

“En el Chocó nos han enseñado que somos ciudadanos de tercera, por eso, los jóvenes quieren emigrar a Medellín y Bogotá”, constata Klinger. A través de las actividades extraescolares explican a los alumnos que la región en la que viven es una de las más ricas en recursos naturales de Colombia y que, por lo tanto, la explotación sostenible del territorio es una oportunidad de enriquecimiento para la población.

La guerra en Colombia ha afectado a partes del Chocó, como la capital, Quibdó, o la frontera con Panamá, donde ha habido presencia de paramilitares, guerrilleros y ejército. En Jurubirá, no han sufrido enfrentamientos directos entre actores del conflicto, pero la droga ha impregnado la vida diaria. Y, como acompañantes, la miseria y la violencia. Aun así, la riqueza no se ve reflejada en la localidad. Los televisores de plasma contrastan con las calles sin asfaltar, la basura en la arena y la falta de servicios básicos como el alcantarillado o el acueducto. En un intento de mejorar la calidad de vida en el municipio, los vecinos han puesto en marcha otro proyecto en común: el ecoturismo.

Turismo sostenible

Las costas del Chocó reciben todos los años a las ballenas jorobadas, que llegan a la Ensenada de Utría a dar a luz. Una selva casi inexpugnable que supera los 45.000 kilómetros cuadrados es el hogar de más de 500 especies animales y, en las profundidades, esconde minas de oro y platino. Los líderes sociales chocoanos promueven una explotación sostenible de los recursos en la que se respeten los derechos laborales y medioambientales en uno de los territorios más biodiversos del planeta.

La explotación sostenible del territorio es una oportunidad de enriquecimiento para la población

Vecinos como Gil y Moreno han habilitado las casas para recibir a los turistas. Los guían por caminos en la jungla, les informan de las mejores playas y los llevan en lancha a ver las ballenas. En Jurubirá, los nativos se encargan de la gestión de los hostales y, por ahora, evitan venderlos a empresarios extranjeros que ya han comprado tierras en localidades cercanas como Guachalito o Termales. El objetivo es generar un mercado nuevo que sustituya al negocio de la droga, pero Gil es consciente de la dificultad del reto. “Si el Estado no crea alternativas, la gente no dejará de recoger pacas en el mar”, lamenta con rabia. Asegura que ninguno de sus vecinos forma parte de una organización ilegal, pero dice entender que hayan optado por hacer negocios con los narcotraficantes si nadie les ofrece una perspectiva de vida mejor.

Corrupción local

El DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, clasifica el Chocó como el territorio más paupérrimo, con un 37% de la población en riesgo de pobreza monetaria extrema. Es el cuarto departamento con más paro en el país, un punto por encima de la media nacional del 8’9%, y en agosto, una huelga paralizó la administración para protestar en contra del abandono estatal.

Klinger no está de acuerdo con el paro cívico porque considera que la responsabilidad del empobrecimiento de la región es compartida entre un Estado con poca presencia en la zona y unos funcionarios regionales y locales corruptos. El entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, anunció después de las manifestaciones que hay más de 300 investigaciones activas por casos de corrupción en uno de los departamentos que recibe más dinero en proporción al número de habitantes. El caso más conocido es el del exgobernador Efrén Palacios, quien está investigado por la Fiscalía por el presunto desvío de 4.000 millones de pesos colombianos del sistema de salud público. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo denuncia que el hacinamiento de pacientes en los hospitales es del 150%, que faltan medicinas y que la escasez de vías transitables dificulta el traslado de enfermos a los centros.

A la larga lista de retos del Gobierno de Colombia en la búsqueda de la paz, se suma la inversión de recursos en la región del Pacífico, la investigación de la corrupción en las administraciones municipales y regionales, y el fin de la fabricación y el tráfico de droga en el primer país productor de cocaína del mundo. Cuando los profesores del proyecto educativo de Jurubirá hablan sobre el proceso de paz, Klinger insiste en que “la causa principal de la guerra es la falta de oportunidades”, y afirma que “mientras haya pobres, el conflicto continuará”.