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Salir del inmovilismo

Ante la precipitación del ‘procés’, el Gobierno no puede seguir paralizado

Oriol Junqueras (izquierda) y Carles Puigdemont, durante la reunión celebrada el martes por el Ejecutivo catalán.
Oriol Junqueras (izquierda) y Carles Puigdemont, durante la reunión celebrada el martes por el Ejecutivo catalán. EFE

Las inquietantes declaraciones del exjuez y exdirigente de Esquerra Republicana Santiago Vidal, aludiendo a un plan secreto de ruptura por parte de la Generalitat —y los consecutivos mentís oficiales realizados con sordina—, han tenido una virtud. La de perfilar a la luz la estrategia inmediata del secesionismo, y su disposición a convocar —si le conviene— un referéndum contrario al ordenamiento jurídico vigente.

A ello coadyuva el anuncio de la antisistema CUP de que votará los presupuestos autonómicos, lo que insufla un, aunque breve, período de estabilidad al Gobierno de Puigdemont-Junqueras, si bien a costa de someterle a los radicales.

Algunos protagonistas del procés han acusado nerviosismo al constatar que bajo el espejo cóncavo de Vidal aparecían los aspectos más rechazables de su propósito, como minimizar o conculcar derechos individuales —incluidos los datos fiscales— de los catalanes. Por eso pretenden imprimir una aceleración a su programa, precipitando la hipotética consulta de septiembre. Y desnaturalizándola: de convocatoria amigable devendría en arma desafiante, a contragolpe del impacto de sentencias a dirigentes de su grupo, del expresidente Artur Mas a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Así el procés pasa a engarzar con algunos tristes aspectos de los procesos populistas-soberanistas en boga más oscurantistas, del Brexit al trumpismo.

Este estado efervescente, junto a la frecuencia con que se apela a la desobediencia, debería tener poco recorrido, dada la distancia con que la mira la mayoría social catalana. Pero solo su remota posibilidad resulta tan grave que convierte en incomprensible la pasividad del Gobierno, aparentemente retornado al inmovilismo.

Hace dos meses largos, Mariano Rajoy encomendó a su vice, Soraya Sáenz de Santamaría, liderar un plan de diálogo al que esta se entregó con empeño y al que el PP bautizó enseguida con el infausto título de “operación diálogo”. La connotación tacticista del nombre y un exabrupto de José María Aznar contra Santamaría bastaron para ralentizar su dinámica.

Habrá habido esfuerzos, pero apenas nadie se ha enterado: los resultados son menos que escasos. Claro que dialogar con quien pone sobre la mesa requisitos que sabe de entrada insalvables, como la celebración de un referéndum, resulta arduo. Y que simultanearlo con la vigilancia de que no se desborde el orden legal lo complica. Pero la historia está plagada de ejemplos igual de intensos, que los gobernantes eficaces deben saber encauzar.

Lo imprescindible, y siempre pendiente, no es una oferta del Gobierno al independentismo para su solaz, sino evitar que (al menos) la mitad de la sociedad catalana ajena ahora al secesionismo se sienta abandonada y tentada de caer finalmente en sus brazos. Por eso debe reconducirse y afianzarse su autogobierno, hoy atrapado entre centralismo y rebeldía. Si Rajoy y Santamaría son incapaces de formular una propuesta amplia, que incluya el debate general del caso; ambiciosas medidas inmediatas de mejora de la autonomía; y un foro de debate para encauzar la discrepancia, pueden abocarse, y abocarnos a todos, a problemas muy serios.

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