Saqueos y crisis política en México

México vive una crisis sin paralelo. Saqueos de tiendas de autoservicio y pequeños negocios en zonas populares, y campañas en redes sociales que promueven la violencia y el miedo, se han presentado a lo largo de esta primera semana del año en 29 de los 32 estados del país. La causa aparente de esta inusual rebelión con tintes delictivos es el súbito aumento de más de 20% en el precio de la gasolina. Sin embargo, un análisis más detallado de las protestas, de los saqueos y del manejo de redes muestra un cuadro más complejo y preocupante en el que se combinan desde el auténtico enojo social hasta la franca acción del crimen organizado en el contexto de un Estado absolutamente débil y carente de legitimidad.

El aumento del precio de la gasolina tomó por sorpresa a los mexicanos, ya de por sí hartos de la inacción del gobierno en materia de lucha contra la corrupción y ante el desempleo creciente en el centro-sur del país. Un sentimiento de hastío, enojo y desesperación era ya perceptible en varios estados.

Sin embargo, esta situación no explica ni la forma ni la extensión que han adquirido las protestas contra el llamado “gasolinazo”. Han sido las asociaciones de transportistas las primeras en escenificar protestas en la mitad de los estados del país, en algunos casos bloqueando el paso en las carreteras y la entrada a algunas ciudades. Manifestaciones espontáneas se han producido en casi todas las ciudades del país, pero en pequeña escala. Lo que sorprende es que desde el mismo lunes 2 de enero inició el saqueo de tiendas departamentales en la zona conurbada de la Ciudad de México. Este tipo de acciones no pueden ser un acto totalmente espontáneo. Se requiere cierta organización, atrevimiento y hasta experiencia delictiva para destruir los accesos a las tiendas e iniciar el robo. Después de ello, muchas personas pueden aprovechar el caos para sacar un beneficio momentáneo. Cabe preguntarse entonces quienes han organizado el saqueo de una forma tan sistemática y violenta, y extendido este tipo de acción por casi todo el país.

Múltiples teorías conspirativas se han emitido en estos días, desde quienes atribuyen al propio gobierno y al PRI la iniciativa para generar miedo y caos e impedir las protestas autónomas de la ciudadanía, hasta quienes ven el potencial interés del ejército en impulsar o permitir este caos para acelerar la aprobación de una ley que legalice su intervención en tareas de seguridad pública. También hay quienes piensan que la circunstancia está siendo utilizada por fracciones en pugna dentro del gobierno priista ante la cercanía de la sucesión presidencial.

Lo cierto es que ninguno de estos actores tiene la capacidad organizacional para impulsar este tipo de acciones en la escala en que están sucediendo. Hay muchos casos en los que puede inferirse que el crimen organizado local ha aprovechado el descontento para sembrar el caos. La fragmentación de los grupos criminales profesionales ha creado una descentralización de la delincuencia. El hecho de que el saqueo haya sido iniciado por personas que usan motocicletas y taxistas, quienes cumplen funciones de vigilancia para el crimen organizado local, avalaría la hipótesis de que, al menos en una proporción de los casos, el saqueo ha sido promovido por la delincuencia.

Luego de ello ha venido la imitación de prácticas en otras ciudades del país, pero también la activación de grupos de golpeadores profesionales generalmente al servicio de los gobiernos locales. Conforme los saqueos se han vuelto un fenómeno nacional, se vuelve más difícil distinguir quiénes son los causantes directos en cada caso.

La continuación de los saqueos pone al desnudo la debilidad extraordinaria de las fuerzas policiacas y, más ampliamente, del Estado en su conjunto. Ya no sorprende la increíble incapacidad del gobierno federal para reaccionar frente a la crisis, pues la tónica del gobierno de Peña Nieto ha sido la parálisis y la incomprensión de la magnitud real de los hechos.

Por el momento no parece haber una salida más allá del desgaste gradual de los propios actores de los saqueos y de las protestas. La extraordinaria debilidad de la sociedad civil organizada impide que haya una canalización ciudadana de la protesta, mientras que la falta de legitimidad del gobierno y de los partidos políticos ha creado una gigantesca distancia entre el Estado y la sociedad.

El frágil pacto que sostiene al régimen actual ha consistido en la garantía de la estabilidad económica como el mínimo piso de convivencia en un país empobrecido y cada vez más desigual. El aumento del precio de la gasolina rompe ese pacto al iniciar una previsible espiral inflacionaria en un momento en el que el gobierno debe recortar su gasto para evitar la profundización de la crisis fiscal.

Por fortuna, los dirigentes políticos, incluido Andrés Manuel López Obrador, han llamado a la calma y a la canalización institucional del descontento. No obstante, el margen de maniobra del gobierno es casi nulo, por lo que podemos esperar un deterioro mayor de la política y una posible crisis de fin de sexenio, que constituirá un escenario muy peligroso para las elecciones presidenciales de 2018.

Alberto J. Olverar es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana