Autopistas sin salida

La quiebra de nueve autopistas de peaje y la hipótesis, expuesta por el ministro de Fomento, de que sean nacionalizadas con dinero público no puede ser despachada sin más con un comunicado de pasada, como si se tratara de una catástrofe natural inevitable. Si la nacionalización tiene que realizarse finalmente en los términos sugeridos por Íñigo de la Serna, el Gobierno está obligado a dar una respuesta política exhaustiva. Como mínimo, esta respuesta tiene que incluir una comparecencia pública en el Congreso del ministro, donde tiene que explicar cómo se hicieron los cálculos económicos de las autopistas ahora en situación de quiebra, cuáles son las responsabilidades políticas y económicas que se van a exigir y cómo se va a resolver un problema que, por intereses o incompetencia, se ha convertido en un callejón sin salida.

Dicho de otro modo, hoy, gracias a demoras indebidas, decisiones incompetentes y declaraciones tranquilizadoras pero falsas (“no costarán un euro a los españoles”, aseguró la ministra anterior), resulta más caro liquidar que nacionalizar. Pase lo que pase, pagan los contribuyentes. A esta situación absurda —pero conocida; es una socialización de las pérdidas de manual— no se ha llegado por casualidad. Hay razones más que suficientes para inferir que en las radiales de Madrid, presentadas por el presidente Aznar y por el ministro Álvarez Cascos como una prueba de la modernización de las infraestructuras en España, se elevaron las proyecciones de tráfico y se minusvaloraron las estimaciones de costes (los de expropiación de terrenos fueron escandalosamente superiores a los previstos) para justificar la racionalidad económica de los proyectos.

Hay responsabilidades políticas evidentes en este desastre; e importa muy poco si estamos ante un rescate o un procedimiento judicial; o si el coste son 5.500 millones, como dice Seopan, o de unos 2.000 millones, como sugiere el Gobierno. El caso es que existe una presunción razonable de gestión política negligente, en la que se prestó más atención a la captura de votos exhibiendo obra pública que al manejo responsable de los fondos públicos. Esto es lo que el ministro tiene que aclarar, si sabe y puede.

La responsabilidad política del caso debe incluir, por fuerza, que se ponga fin al modelo de negocio sin riesgo en el que se han convertido las concesiones de la Administración. No es admisible que en los grandes contratos de obras se incluyan cláusulas de Responsabilidad Patrimonial del Estado, porque en último extremo (el caso Castor es otro ejemplo de contratación ventajista) conduce a una situación indefendible: si el negocio va bien, el concesionario gana; si va mal, pierde el Estado. Doctores en leyes tiene la Administración (los abogados del Estado, por ejemplo) para que sustituyan relaciones contractuales claramente dañinas para los intereses públicos por otras que respeten y defiendan el dinero de todos.

Este es uno de los casos que produce indignación ciudadana y genera malestar social. El Gobierno no debe caer en la tentación de echar tierra al asunto; y la oposición hará mal en olvidarlo. La gestión democrática implica un primer requisito: el manejo responsable del dinero público.