Un nuevo plan de empleo

A un nuevo gobierno debería corresponderle una nueva política de empleo. La reforma laboral ha conseguido, bajando rentas y aumentando el empleo temporal, encarrilar el mercado en una tendencia general de paro a la baja. Pero eso, y los nuevos reponsables de la política económica deberían aceptarlo, ya no basta. El balance del paro de octubre repite lo que ya sabemos: aumenta la afiliación a la Seguridad Social (nada menos que en 101.335 personas), se confirma la tendencia general a la baja del desempleo en términos anuales, aunque durante el mes haya aumentado en 44.000 personas, y la temporalidad domina la contratación. El número de contratos fijos no llega al 9% del total.

La situación laboral es notablemente mejor que en 2011. Pero, por estar fundada en buena parte en la temporalidad y en la precarización del empleo, no ofrece condiciones sociales fiables para una recuperación sostenida y, desde luego, eleva la desigualdad. Los salarios más bajos se deprimen y las rentas más altas aumentan. El riesgo de una sociedad abusivamente dual crece cada mes y cada trimestre. Por lo tanto, la política laboral del nuevo Gobierno no debería consistir en frotarse las manos después de aprobar una reforma laboral —antigua ya y con notables problemas de litigiosidad— y dar por resuelto el problema.

Al nuevo Ejecutivo debería reclamársele un plan concreto para reducir el paro juvenil y el desempleo de larga duración; y, por supuesto, proyectos para estimular la creación de empleo estable, que no pueden estar basados en deducciones fiscales o tarifas planas de cotización, sino en inversión y tecnología. La credibilidad de la política laboral del nuevo Gobierno se medirá por la eficacia para reabsorber el paro juvenil y el de larga duración o en crear puestos de trabajo con más valor añadido, no en mejoras estadísticas condicionadas por la temporalidad.