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Cuando ya sonaba el gong

La rectificación de Valonia evita el desprestigio político de Europa

Manifestantes disfrazados de payaso protestan en Bruselas contra el acuerdo CETA.
Manifestantes disfrazados de payaso protestan en Bruselas contra el acuerdo CETA. EFE

El Gobierno de Valonia, región francófona belga del sur, dio ayer su conformidad a la firma del tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá, el llamado CETA, por sus siglas en inglés. Justo al filo del desastre, cuando se consumaba ya un inédito desprestigio político de Europa y se aplazaba la cumbre con los canadienses prevista para el mismo día.

El desbloqueo se ha conseguido tras un largo forcejeo y algunas mejoras cosméticas al Tratado. En realidad, la Declaración complementaria del 5 de octubre, que incorpora esas aclaraciones, solo subraya las novedades ya introducidas anteriormente sobre protección de estándares y el carácter de tribunal permanente público (y no de arbitraje privado, más maleable por las grandes corporaciones) del organismo creado para dirimir litigios.

Quizá lo decisivo ha sido que las autoridades europeas hayan salido (aunque tardíamente) a la palestra, tanto a escuchar a los protagonistas de la protesta como a explicar la solución arbitrada para los elementos más controvertidos del acuerdo.

Así que la principal lección del episodio estriba en la necesidad de actuar proactivamente, y no pasivamente. Sobre todo en estos asuntos en los que el populismo captura fácilmente a los abandonados por la globalización o por la política de excesiva austeridad presupuestaria, o por ambas. Y lo hace por la vía de enarbolar el rechazo a propuestas que aunque mejoran el entorno y la perspectiva económica global, pueden debilitar a algún sector concreto.

La otra gran lectura a realizar es la necesidad de reflexionar sobre la necesidad de soluciones a la gobernanza europea que eviten el contrasentido de que una minoría de 3,5 millones de ciudadanos bloquee la voluntad de 508 millones. Aunque lo haga también por motivos de índole interna y no europea. Precisamente por eso, y porque menudearán los casos, este problema requiere una salida jurídica y política de fondo, con validez general.

 

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