El colonizador colonizado

El 26 de enero de 1980 EL PAÍS informaba de un pacto entre la UCD y el PSOE para nombrar a los primeros magistrados del Tribunal Constitucional. Aunque podría lamentarse que en él no participaran los nacionalistas catalanes y vascos, no se podía discutir que el elenco de nombres era de altísimo nivel: Gloria Begué, Luis Díez Picazo, Manuel Díez de Velasco, Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente, etcétera. Todos ellos enseguida demostraron que, además, eran independientes: el 3 de julio de ese mismo 1980, en lugar de elegir presidente al tapado del Gobierno, el mercantilista Aureliano Menéndez, eligieron a Manuel García Pelayo, el gran maestro exiliado del constitucionalismo español. Durante cierto tiempo, se mantuvo ese espíritu de la Transición de creer en la separación de poderes y buscar personal ilustres para los cargos institucionales, tanto que cuando en noviembre de 1982 Gregorio Peces-Barba fue elegido presidente del Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, se declaró “no votante” y se esmeró en realizar sus funciones con independencia e imparcialidad.

La Transición queda hoy muy lejos y su espíritu se perdió en la niebla de la Historia, de tal manera que los partidos han colonizado las instituciones llenándolas de personas fieles y, en ocasiones, con una trayectoria profesional distante de la excelencia que caracterizó a los primeros nombramientos, hasta el punto de que en 2013 el pleno del Tribunal Constitucional casi niega la “idoneidad” del nombramiento de un magistrado que había designado el Gobierno del PP. Desde el Tribunal Constitucional hacia abajo, hasta llegar a puestos tan aparentemente técnicos como los presidentes de las autoridades portuarias, se amontonan los ejemplos de nombramientos cuya característica principal -y a veces única- es la obediencia ciega a los mandatos del partido que lo nombró. Por eso, no ha producido extrañeza que, en los apenas tres meses de legislatura que llevamos, la presidenta del Congreso haya tenido tiempo de demostrar que actúa en plena sintonía con los intereses del PP, hasta el punto de que el PSOE y Podemos han pensado en presentar una moción de reprobación contra ella.

Todo esto es de sobra conocido, pero lo que no se sabía -o al menos yo no me había dado cuenta- es que esa colonización sectaria de las instituciones había llegado hasta el interior de los propios partidos, como se ha visto en la crisis del PSOE y muy especialmente en su semana de pasión, donde se buscaba un “hombre bueno” que pudiera mediar entre las partes con el mismo éxito que tuvo Diógenes en Atenas. Evidentemente, los factores que han llevado a esa crisis son múltiples, desde la diversa concepción sobre la posición que debe ocupar el PSOE en la política española (que para entendernos llamaremos centro-izquierda e izquierda-izquierda) hasta afectos y desafectos personales, pasando por diferencias tácticas sobre la investidura. Sin embargo, el bochornoso y lamentable -en calificación del propio Javier Fernández- espectáculo del sábado tenso se produjo porque la mesa encargada de dirigir los debates no tenía ninguna auctoritas sobre los miembros del Comité Federal. Lejos de ser un Peces-Barba, con el prestigio suficiente para organizar con imparcialidad los debates, Verónica Pérez era una secundaria sin autonomía real para decidir por sí misma. Es muy revelador de su intrascendencia que Sánchez solo desistiera de la votación exprés que montó cuando Josep Borrell se lo reprochó.

La actual presidenta del Congreso ha tenido tiempo de demostrar que actúa en sintonía con los intereses del PP

Previamente, los otros dos mecanismos institucionales de solución de conflictos que tiene el PSOE habían mostrado también sus limitaciones: ni la presidencia del partido ni la Comisión Federal de Ética y Garantías pudieron realizar las funciones arbitrales que le encomiendan los Estatutos porque las personas que ocupaban esos puestos no habían sido elegidas por sus cualidades, sino por sus lealtades y, lógicamente, en un momento de crisis actuaron -sin vocación para inmolarse como Thomas Moro- según la lógica subyacente de los que los nombraron y no la del puesto que ocupaban. Por eso, Micaela Navarro no manifestó un criterio propio, como en tiempos pasados hiciera el gran Ramón Rubiales, sino que se limitó a dimitir como una más de los vocales de la Comisión Ejecutiva y, por eso, los cinco miembros de la Comisión de Garantías estaban perfectamente alineados: tres críticos y dos oficialistas, que al controlar la convocatoria de la comisión la pospusieron para no quedar en minoría.

Así las cosas, en el PSOE hay muchas heridas que coser -según el verbo de moda que utilizan sus líderes- y algunos debates ideológicos y estratégicos que realizar. Después de esas urgencias, creo que también deberían de pensar sobre las ventajas que produce tomarse en serio las instituciones arbitrales y se animen a elegir personalidades que no parezcan el eco de aquel ínclito rector que, para mostrar su lealtad a Fernando VII, dijo aquello de: “Lejos de nosotros la funesta manía de pensar”. Se hizo en la Transición y es posible volver a hacerlo ahora en la renovación.

 Agustín Ruiz Robledo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.