Otro ajuste doloroso

La afirmación del ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, de que el nuevo calendario de déficit pactado con Bruselas requerirá ajustes de unos 5.000 millones en 2017 y en 2018 no debería ser pasada por alto, aunque el ministro la haya lanzado a la opinión pública como quien deja caer un asunto sin importancia. Es significativo, para empezar, que ahora sean necesarios ajustes de 5.000 millones anuales cuando desde el mismo ministerio se aseguraba que el crecimiento económico compensaría en la práctica cualquier necesidad de ajuste adicional. Era evidente entonces que el ministro estaba edulcorando la realidad como es evidente ahora que los ajustes necesarios que exige Bruselas requerirán un esfuerzo mayor que el que ahora reconoce Guindos.

Tampoco es trivial otra idea, presuntamente apadrinada por Bruselas, lanzada por el ministro en funciones: bastaría para corregir el desequilibrio con trasladar productos desde tasas bajas de IVA a otras más altas. Aunque esté mal repetirlo, no es éste el camino. No es recomendable, ni en términos políticos ni económicos, ir con la lengua fuera poniendo parches a cada pinchazo. El problema del desequilibrio de las cuentas públicas españolas es estructural; procede de una estructura de ingresos erosionada activamente al menos desde 1996, profundamente desequilibrada por la acumulación de desgravaciones y deducciones (la mayor parte de ellas inutiles para los fines propuestos) y con las alas lastradas por un volumen de fraude que equivale a unos 250.000 millones en bases imponibles ocultas.

Lo que las finanzas públicas necesitan para cumplir con el compromiso de déficit no es hacer juegos malabares con la tributación del IVA, sino una reforma fiscal que amplíe la recaudación, redistribuya la carga fiscal y acaba paulatinamente con el fraude. Objetivo este último que no es tan fácil como parece.

También es cuestión de racionalidad en el gasto. Hemos comprobado las consecuencias del procedimiento seguido en 2012 de dar hachazos sin sentido en los Presupuestos, sin tener en cuenta el daño que causan en el crecimiento y en la renta de los españoles; hay que calcular los efectos de la austeridad partida por partida. Cosa quue no ha sabido hacer el Gobierno de Rajoy. Y consiste en promover una reforma administrativa pactada con las fuerzas políticas. España necesita un gobierno con premura; pero no cualquier gobierno.