Un año perdido

Los peores temores empiezan a concretarse: 2016 ha sido un año perdido para la estabilidad de las finanzas públicas españolas, puesto que el objetivo de déficit no se cumplirá y, si no hay corrección de ingresos y gastos, en 2017 tampoco. El Banco de España acaba de anunciar que el déficit público de este año, con los parámetros actuales, se irá al 4,9% del PIB, tres décimas más que el objetivo comprometido con Bruselas; y en 2017 probablemente se desviará hasta el 3,6%, cuando lo pactado era el 3,1%. El informe de la autoridad monetaria española atribuye el incumplimiento, que obligará a un ajuste más duro durante los ejercicios 2017 y 2018, a la falta de Gobierno. Atribución que requiere algunas matizaciones sobre la política económica seguida durante los cuatro años de legislatura.

Los cálculos del Banco de España no tienen en cuenta la disposición, aprobada el pasado viernes, que adelanta el pago a cuenta del impuesto de Sociedades a las empresas de más de 10 millones de facturación y a los bancos (a quienes, por cierto, se les exigirá un adelanto mayor). Según los números del Gobierno, el adelanto aumentará los ingresos de 8.000 millones. El problema es que un pago a cuenta no constituye una política fiscal firme; se trata de un parche contable, porque, como cualquiera puede entender, cuando decaiga la disposición que faculta para percibir el adelanto, volverán a faltar 8.000 millones. Por tanto, excluido el maquillaje de Sociedades, el Gobierno habrá vuelto a incumplir el objetivo de déficit. Y aunque la falta de Gobierno constituido tiene mucho que ver en este incumplimiento, lo cierto es que durante la legislatura nunca se ha alcanzado el objetivo de déficit anual; y ello a pesar del espeso maquillaje aplicado a las cuentas públicas. El análisis correcto de la situación financiera pública debería prestar atención prioritaria a la incapacidad del Gobierno para cumplir los objetivos que se propone. O no aplica los medios necesarios o simplemente cree, como es habitual en su forma de gobernar, que basta con enunciar un objetivo para que automáticamente quede cumplido.

Este Gobierno ha practicado una política tributaria irresponsable. A pesar de las dificultades para cumplir con la austeridad comprometida, el Gobierno de Rajoy insistió en bajar los impuestos, en busca de réditos electorales y en contra de cualquier racionalidad presupuestaria. Lejos de reconocer el error y sacar las consecuencias pertinentes, los estrategas económicos del PP insisten en la tesis de la rebaja fiscal, pero ahora bajo el disfraz argumental de que el crecimiento previsto contribuirá por sí solo a reducir el déficit y no será necesario recurrir a recortes del gasto o subidas de impuestos. Un grave error.

La ausencia de Gobierno, una política impositiva dislocada, la incapacidad para impulsar políticamente una reforma fiscal y la desaceleración económica esperada —por moderada que sea—, debido a la subida del petróleo y el agotamiento del efecto del tipo de interés del euro, conducen inexorablemente al riesgo de recortes drásticos en sanidad y educación en 2017 y 2018. Esta es la previsión más realista; para conjurarla se necesita no solo un Gobierno sino también una política económica más eficaz, que ajuste medios y fines.