El nacionalismo suizo contra los “jueces extranjeros”
La ultraderecha logra las firmas para un referéndum contra el Derecho Internacional
![Poster en la plaza de Plainpalais en Ginebra sobre el referéndum del pasado mes de junio en en que los suizos votaron sobre la introducción de una renta básica universal.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/37E4LBR5FK6GINRLPXBHCPASL4.jpg?auth=7379d34d387a5174c0dfd83b8c7c7b5ae4a9641cc8248f631a0e58b70d219031&width=414)
En 1291, tres cantones se juraron un pacto de asistencia mutua en el que, entre otras cosas, rechazaban “la injerencia de jueces extranjeros” en sus asuntos. Así nace la idea de Suiza, en la que ya destaca su independencia. Unos 700 años más tarde, la derecha nacionalista cuenta con usar esta historia, profundamente arraigada en la conciencia nacional, para llevar agua a su molino.
El SVP (Partido del Pueblo Suizo) ha presentado las 116.709 firmas necesarias para lanzar la iniciativa popular El Derecho suizo en lugar de jueces extranjeros, más conocida como Iniciativa de Autodeterminación. Esta propuesta pretende que la ley nacional prime sobre el Derecho Internacional, dado que la Constitución federal reza que “el pueblo suizo y los cantones son el supremo legislador”. La única excepción que el SVP está dispuesto a aceptar son “reglas imperativas” del Derecho Internacional, como la prohibición de la esclavitud, de la tortura y el genocidio.
Ciertas medidas polémicas acerca de inmigración, refugiados o deportación de criminales extranjeros aprobadas por el pueblo no pudieron ser puestas en práctica pues entraban en contradicción con el Derecho Internacional. El SVP ve en esta injerencia externa síntomas de lo que llaman “intento de entrada insidiosa” de Suiza en la Unión Europea. La Iniciativa de Autodeterminación ha generado ya el rechazo de todo el arco parlamentario y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La iniciativa será analizada a lo largo de 2017 y no será sometida a referéndum antes de 2018. Pero aunque es (casi) seguro que no llegue a convertirse en ley, el SVP consigue una vez más marcar la agenda política y sentar un curioso precedente. Al señalar al Derecho Internacional como “limitador” de la voluntad popular, los nacionalistas suizos consiguen profundizar el rechazo de un amplio sector de la población hacia Bruselas, reforzando de paso el sentimiento de “excepción helvética” tan caro a los herederos del pacto de 1291.
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