Detener los incendios

Los Gobiernos autonómicos tienen encomendada la tarea de proteger la masa forestal del país, una fuente de riqueza y bienestar para los ciudadanos actuales y un patrimonio incalculable para las generaciones futuras. Pero, desgraciadamente, los incendios forestales se han convertido en una epidemia mortal para los bosques y un daño irreparable para la economía. En lo que va de año se han quemado más de 25.000 hectáreas de bosque en España en casi mil incendios. La catástrofe ha sido especialmente intensa en Galicia, un territorio propenso a los fuegos por razones que no son estrictamente naturales. La gravedad de lo sucedido en Galicia, la amenaza que suponen los incendios para la vida y las propiedades de las personas, está disparando la alarma social; los ciudadanos no aprecian avances en la política preventiva de los incendios ni en la política represiva contra los incendiarios.

Con media Galicia en llamas y buena parte de los bosques españoles dañados, la pregunta básica que tienen que responder el Estado y los Gobiernos autonómicos es si las comunidades autónomas están en condiciones, legales y logísticas, de proteger los bosques, o no lo están; y, en caso de que la respuesta sea negativa, por qué. La primera impresión es que, dejando a un lado el esfuerzo loable de quienes combaten los fuegos en primera línea, desde la Administración se combate el fuego con grandes palabras, invocaciones vacías y retórica grandilocuente. Pero los bosques siguen ardiendo, se destruye riqueza sin cultivar (las zonas rentables nunca arden) y el ciclo del fuego se repite todos los años sin apenas variaciones.

Es evidente que una parte considerable de los incendios son provocados. Puede demostrarse por la sincronización de los siniestros —hay vídeos donde se aprecia la línea de detonación del fuego—, por las detenciones de pirómanos y por las coincidencias de las zonas quemadas con los terrenos apetecidos por intereses agrícolas o inmobiliarios. Los Gobiernos autonómicos tienen que demostrar que detienen a los responsables directos de los fuegos (si son provocados), que pueden aplicar la ley con efectos disuasorios y, lo que es más importante, que tienen decisión y recursos para investigar hasta sus últimas consecuencias qué intereses están detrás de los incendiarios conocidos. Nadie ha creído jamás la fábula de una brigadilla de pirómanos desequilibrados que casualmente aciertan a abrasar las zonas boscosas más convenientes.

También hay incendios fortuitos. Por ejemplo, los causados por rayos. En esos casos, sólo sirve la prevención: consiste en la tarea pesada y continua de mantener cortafuegos, limpiar el bosque de maleza inflamable y construir puestos de vigilancia. Es un trabajo que exige mucha paciencia, dedicación, recursos humanos y, en resumen, inversión. Desgraciadamente las políticas forestales están en primera línea de eliminación cuando hay recortes; y, más desdichadamente aún, no siempre la coordinación entre administraciones es buena.

La cuestión sigue, pues, en pie: las comunidades autónomas tienen que demostrar a sus propios ciudadanos que pueden reducir año tras año la destrucción de la masa forestal. Los resultados, hasta ahora, no invitan al optimismo.