Antiterrorismo financiero

El lavado de dinero y su evidente conexión con la financiación del terrorismo se ha convertido en los últimos años en un arma sumamente efectiva contra la estabilidad política internacional. Lo saben bien las autoridades francesas; y también las alemanas, porque el Ministerio de Finanzas de Berlín, dirigido por Wolfgang Schäuble, ha anunciado que desde 2017 operará una nueva Unidad de Inteligencia Financiera (con la bondiana denominación VII A3 a) dedicada a investigar las operaciones sospechosas de lavado y financiación terrorista.

La decisión de Schäuble es política. Responde en primer lugar a la ayuda solicitada por París para combatir los ataques yihadistas en todos los frentes, también en el económico (que es vital). Washington también ha presionado para que se ponga orden en el lavado de dinero que supuestamente involucra a bancos alemanes con los enjuagues financieros del entorno de Vladímir Putin. La iniciativa de Schäuble, muy loable, pretende contratacar en dos frentes ahora conectados, como son el fraude fiscal y el flujo de dinero negro que acaba en violencia terrorista.

El Gobierno español debería tomar buena nota de la decisión de Berlín. La conexión de las operaciones de blanqueo con el terrorismo ya es suficiente razón para que España revise a fondo los instrumentos de que dispone para combatir el blanqueo y, de paso, el fraude fiscal. Debería causar al menos una cierta desazón, que ni la Agencia Tributaria (AEAT) ni la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) hayan acertado a descubrir tramas importantes de evasión fiscal ni operaciones de lavado a través de entidades financieras españolas.

Si el Gobierno español quiere ayudar en la lucha económica contra el terrorismo y reducir el fraude (entre otras cosas, para aliviar la presión agobiante del déficit) tiene que probar la efectividad real de la AEAT y de las unidades antiblanqueo.