Estado de excepción del gasto

El Gobierno en funciones ha elegido el camino más pintoresco para conjurar el desbordamiento del déficit. Anunció, como respuesta a las amenazas de sanción de Bruselas por déficit excesivo, que adelantaría los pagos a cuenta de las empresas por el impuesto sobre sociedades, un parche que no resuelve el problema de fondo (la debilidad de los ingresos públicos y la urgencia de negociar un nuevo calendario para cumplir el objetivo de déficit); tras esta decisión, el equipo económico ha cortado por lo sano también en el ámbito de los gastos y ha cerrado a 20 de julio el ejercicio presupuestario a todos los efectos que no sean salarios de funcionarios y suministro de material. Un golpe de mano para aparentar que controla la desviación del déficit.

Economía y Hacienda decretan por este método expeditivo un auténtico estado de excepción administrativa que, si bien no resuelve nada, transmite la sensación ilusoria de que el Gobierno toma alguna decisión. En condiciones normales, el ejercicio se cierra entre octubre y noviembre; a partir de ese momento, se cancelan las licitaciones y otros compromisos de gasto. Pero, agobiados por la presión de la Comisión Europea, Guindos y Montoro han decidido adelantar el cierre a julio para ahorrarse una cantidad indeterminada (quizá se rasquen 2.000 millones) para chapucear el ajuste final de las cuentas públicas. De esta forma, estrangulan las decisiones de inversión del sector público y embalsan los compromisos de gasto.

Para ahorrar gastos hay que trabajar en el examen de las partidas presupuestarias. No basta con talar el presupuesto por donde caiga, por dos sencillas razones: los problemas de exceso de gasto se recrudecen pasado el primer choque y los costes de una ablación presupuestaria son muy superiores a las ventajas, un mero trampantojo. Las cuentas públicas necesitan una reforma presupuestaria y administrativa, no un simulacro de ajuste.