Desviación de poder

La filtración de unas conversaciones entre el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ha hecho estallar el caso del grupo policial dedicado a la fabricación de dosieres contra políticos, que EL PAÍS denunció en diciembre de 2012 y en lo que insistió cada vez que una nueva producción del extraño grupo salía a la luz. De las conversaciones conocidas ahora se desprende la intervención directa del ministro en el intento de concertar una estrategia para dañar a las fuerzas que impulsan el independentismo catalán, en la que hizo intervenir a la policía patriótica. Lo revelado otorga veracidad a las sospechas de manipulación y uso irregular de instituciones públicas con fines que no tienen que ver con la persecución de la criminalidad, sino con la de atacar a adversarios políticos.

Coincidiendo con los momentos de mayor intensidad del desafío independentista se filtraron informes policiales —en algunos casos falsos— sobre supuestas conductas delictivas por parte de políticos catalanes, que en su mayoría no llegaron a sustanciarse judicialmente. El ministro dijo entonces desconocer el origen de esos informes y anunció una investigación, que no dio resultado alguno. Las conversaciones divulgadas indican que no se trata de maniobras de grupos incontrolados, sino de una estrategia aparentemente diseñada, al menos en algunos casos, en el despacho del responsable de Interior y, a tenor de lo escuchado, conocida por el presidente de Gobierno.

Muy grave es también la actuación del director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Su titular ha vulnerado lo establecido en la ley por la que se creó la oficina y la filosofía que la inspiró. Para asegurar su neutralidad e independencia, el legislador estableció que no dependiera del Gobierno de turno, sino del Parlamento catalán, y le blindó contra interferencias políticas mediante elección por mayoría reforzada de tres quintas partes y un mandato de nueve años. Al prestarse, como ha reconocido él mismo, a las maniobras del ministro del Interior, Daniel de Alfonso ha conculcado la confianza de la institución de la que depende y ha pervertido un órgano creado con ánimo regenerador.

El asunto se produce a los pocos días de las revelaciones de este periódico sobre las maquinaciones de la cúpula policial para salvar de varias acusaciones a un polémico comisario, José Manuel Villarejo, que motivaron un reciente editorial sobre las graves sospechas que inspira la actuación de Interior.

Fernández Díaz tiene mucho que explicar y lo que ha dicho hasta ahora es muy insuficiente. De persistir en la actitud de negar las evidencias, tanto el ministro como Mariano Rajoy corren el riesgo de resultar irremediablemente dañados. El escándalo incide en la última fase de la campaña —diversas fuerzas piden la dimisión del ministro— y, al margen de quien haya sido el autor de la última filtración y de cómo evolucione si se producen nuevas revelaciones, el escándalo complica más aún que el actual inquilino de La Moncloa pueda recabar los apoyos necesarios para seguir gobernando en caso de que el PP sea la fuerza más votada.