Genocidio armenio

Una palabra que califica algo ocurrido hace 101 años acaba de poner una nueva e importante piedra en el camino de la solución de la crisis humanitaria y de seguridad más grave que ha vivido Europa en las últimas décadas. El Parlamento alemán aprobó ayer la calificación oficial de “genocidio” para el asesinato de cientos de miles de armenios —las cifras oscilan entre los 600.000 y 1.800.000— a manos del Imperio Otomano en 1915. Turquía, heredera de aquel Estado —y que aún reconociendo las muertes niega enérgicamente el carácter programado y sistemático que implica un genocidio— ha reaccionado con dureza llamando a consultas a su embajador en Berlín.

Reconocer el genocidio armenio, aunque sea con más de un siglo de retraso, es un hecho de justicia. Pero llama la atención que este mismo rigor con los derechos humanos sea menos rotundo cuando se trata de firmar con Ankara un ventajosísimo —para Turquía— acuerdo económico y de eliminación de visados con la UE con el fin de que el país liderado por Recep Tayyip Erdogan actúe como pieza fundamental en la solución de la crisis de los refugiados.

En los últimos meses Erdogan ha intensificado sus ataques a la libertad de expresión, contra la minoría kurda y contra la oposición. No admite la más mínima critica, ni dentro ni fuera de sus fronteras, habiendo logrado el procesamiento —precisamente en Alemania— de artistas que le critican. Por un lado exige —y ha obtenido— la reactivación del proceso negociador para la entrada de Turquía en la UE y por otro se niega a reformar la legislación en materia de derechos humanos.

Por tanto, hay que dar la bienvenida al pronunciamiento alemán —que España no ha hecho todavía— de una de las mayores tragedias del siglo XX. Este reconocimiento del pasado es un paso imprescindible para construir el futuro con una Turquía democrática y moderna. Un rumbo al que Erdogan debe volver.