Pactar Cataluña

Bienvenidas sean las ideas que contribuyan a que la campaña electoral desbloquee los problemas enquistados. O al menos que aborde su tratamiento razonable. Este es el caso de la nueva propuesta que acaba de lanzar el PSOE sobre la cuestión catalana. Una cuestión que se asume como el primero de los problemas políticos españoles, y sin embargo, ha tenido solo una presencia implícita en el debate posterior al 20-D.

La propuesta estriba en acordar “un pacto político con Cataluña” que “reconozca su singularidad y mejore su autogobierno”. La idea conecta y desarrolla la propuesta territorial de ese partido, resumida en una reforma constitucional de tinte federal, lo que implica que el acuerdo involucraría a todos los españoles, no solo a los catalanes. Y al tiempo dispensa a Cataluña el tratamiento de actor político de primera magnitud, pero “respetando las implicaciones del principio de igualdad”.

Todo ello encaja en la Declaración de Granada del PSOE (2013), aunque su actual plasmación en este “pacto político” adoptará distintos acentos según lo interprete uno u otro líder territorial. Y esa parece ser la intención de la propuesta.

La ausencia de detalle permite varias cosas a un tiempo. No es la menor abrir un debate a fondo sobre el encaje de Cataluña, omitido en la anterior campaña. Y por tanto, abrir espacio para posibles acuerdos poselectorales sobre el asunto. Su utilidad sobrepasaría así el ámbito socialista.

A la vez, permite a esta familia política subrayar la multilateralidad del esquema autonómico; hacer hincapié en la bilateralidad que ya existe en muchos de sus ámbitos (financiero, con los conciertos; jurídico, con la insularidad; policial, con Ertzainza y Mossos) y que se plasmaría en el voto, solo catalán, de un nuevo Estatuto; o ensalzar la síntesis entre uno y otro vector.

Es una idea distante de las hoy dominantes sobre la cuestión catalana: la pasividad como receta, con el resultado de su agravamiento, y la —opuesta— convocatoria de un referéndum de independencia, que agravaría más las tensiones y la división de la sociedad catalana en vez de resolverlas por vía de un mejor encaje pactado.

La propuesta promete respetar las “implicaciones del principio de igualdad”. La igualdad implica dar igual trato a quienes son iguales: o sea, los mismos derechos sociales básicos a todos los ciudadanos, independientemente de su origen o residencia. Pero también dar trato diferenciado a quienes son diferentes: y es evidente que Cataluña es una comunidad nacional con personalidad lingüística, cultural, eonómica, histórica y política de perfiles singulares y muy acusados.

La relevancia de la idea aumenta si se tiene en cuenta que el Parlament de Cataluña inició ayer el trámite de una de las leyes de “desconexión” (la de la Protección Social): en medio de un lío jurídico. Por su materia, no parece inconstitucional, pues regula solo las pensiones no contributivas ya gestionadas por la Generalitat. Pero por su origen procesal, deriva de la declaración soberanista del 9-N, anulada por el Constitucional.

Es el mejor retrato de que el asunto reclama solución política, única capaz de cortar el nudo gordiano de su buscada, y creciente, complejidad jurídica.