Qué fácil es matar a una ecologista

Berta Cáceres sabía que la muerte le pisaba los talones. Nunca lo dudó. Cuando en abril de 2015 la ecologista hondureña recibió el Goldman Enviromental Prize, el Nobel verde, lo dijo. Luego lo repitió a todo el que quiso escucharlo. Su vida estaba amenazada.

No era nada extraño. A lo largo de su lucha habían caído otros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ella misma era consciente de que la última batalla, contra la mastodóntica presa de Agua Zarca, le había puesto la diana en la frente.

El proyecto hidroeléctrico vaciaba el río Gualcarque, sagrado entre los indios. Para evitarlo, Cáceres movilizó a las comunidades lencas, dio dimensión internacional a su denuncia y no dudó en plantar cara a poderes que en Centroamérica tienen el gatillo fácil. La estrategia surtió efecto. Al menos, en parte. El Banco Mundial y la constructora pública china Sinohydro abandonaron la obra. Al timón quedó la compañía hondureña Desarrollos Energético SA (DESA).

Lo que vino después es una historia mil veces repetida en Honduras. La noche del 2 de marzo, Cáceres fue asesinada de dos tiros en su casa de La Esperanza, al oeste de Tegucigalpa. La autoría del crimen, desentrañada este mes por la fiscalía, saca a la luz un trama terrorífica por su previsibilidad.

El homicidio fue ordenado por el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana. En su comisión le ayudó uno de sus jefes de seguridad, el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo. Una bestia con ojos de ofidio a quien Cáceres ya había denunciado públicamente por amenazas y hasta acoso sexual. Dio lo mismo.

Bustillo contrató los servicios del mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales. Su tarea era diseñar la operación. Trazado el plan, emplearon a dos sicarios. Edilson Duarte, de 25 años, fue el que disparó contra la indomable ecologista. Dos balazos del calibre 38. A cambio recibió 50.000 lempiras (2.200 dólares).

Los cuatro implicados ya están encarcelados. Las últimas empresas internacionales que participaban en la presa de Agua Zarca (un banco de desarrollo holandés y un fondo de inversión estatal finlandés) han decidido, tarde y mal, irse. Pero nadie respira tranquilo. El país centroamericano vive en el abismo. Tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo, el 90% de los delitos queda impune y en poco más de una década, 113 activistas ambientales han sido asesinados. No es difícil prever que los seguirán eliminando. ¿Quién lo va a parar?

Ante las amenazas que sufrió Berta Cáceres, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenado su protección policial. Pero la noche en que acabaron con su vida nadie la custodiaba. Tan solo 12 días después, otro compañero suyo de organización fue asesinado. Se llamaba Nelson García. Tenía 38 años. Lo mataron de un tiro en la cara.