“Poner un precio al agua, si no hay un marco contextual, no sirve de mucho”

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Para Aziza Akhmouch, líder del Programa de Gobernanza del Agua de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cómo gestionar el agua y coordinar el trabajo entre distintos actores es más relevante que el contenido de las políticas sectoriales. La experta marroquí, que recientemente ha participado en el Foro de la Economía del Agua en Madrid, explica que el nuevo contexto requiere buscar distintas formas de financiación, incluso con la complicidad del sector privado, y defiende un incremento de transparencia para medir de forma eficaz los avances.

Pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre agua para 2030?

Respuesta. Lo que aprendimos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue que muchas de las soluciones técnicas y los recursos financieros que hacen falta para lograr las metas están, aunque dispersos. La mayoría de los problemas que se han identificado en el periodo 2000-2015 son de implementación, de coordinación entre las autoridades locales, de conseguir los datos que permitan realmente entender qué es lo que se ha logrado, de rendición de cuentas, monitorización, evaluaciones… La cuestión de cómo y con quién hacerlo es más relevante que el contenido de las políticas que se requieren para lograr los objetivos y para obtener financiación.

P. ¿Estamos ante un problema de recursos relacionado con el crecimiento de la población o más bien de una crisis de gobernanza?

R. Las dos cosas. Muchos países de la OCDE, incluso desarrollados, se enfrentan a desafíos complejos debido a la recesión económica, como por ejemplo la renovación de las infraestructuras obsoletas. Eso requiere idear nuevas formas de financiación: nuevas tasas, formas de participación del sector privado o crowdfunding entre los ciudadanos. Hay que salir de la perspectiva donde el Estado es el encargado de gestionar todo.

P. ¿Cómo está funcionando la colaboración entre sector público y privado?

R. La idea de que el sector privado está invadiendo este ámbito es totalmente errónea. El 90% de la población mundial tiene acceso a agua potable y saneamiento a través de la gestión pública. Y la manera de operar de los actores privados también ha cambiado. En lugar de intentar hacerse con concesiones para 25 o 30 años, que entrañan muchos riesgos políticos y financieros, ahora prefieren contratos de gestión donde se transfiere el conocimiento u la tecnología, pero no se invierte en infraestructuras. Porque no se sabe si habrá la suficiente estabilidad para recuperar los costes. La mayoría de estos operadores ahora participa mucho más en los procesos de discusión y de toma de decisiones sobre la manera de asignar los recursos.

La OCDE no va a decir a un país que tiene que recurrir al sector privado, pero si lo hiciera, le propondrían unos principios de buena gobernanza. Y aunque quisiéramos imponer una opción en particular, sería imposible, porque entre los miembros existe una diversidad tan grande que la cuestión no es público o privado, sino cómo se regula el sector y cómo se obtienen beneficios.

P. ¿Se necesita mejorar la coordinación a escala internacional en el sector del agua?

R. Los ODS ya ofrecen una visión de conjunto internacional, imponiendo a todos los países las mismas metas. En cambio, no siempre existe un mecanismo de coordinación o de fomento de transparencia para poder rendir cuentas de los avances.

P. ¿Cree que las políticas de agua a menudo no prestan la necesaria atención a sectores con lo que existe un estrecho vínculo, como la seguridad alimentaria?

“El 70% del impacto del cambio climático se refleja en el sector del agua”

R. En la mayoría de los países, el 70% del consumo del agua es para la agricultura. Eso lo relaciona con seguridad alimentaria y desafíos muy importantes, incluso en términos de cómo reducir la contaminación de agua subterráneas y superficiales. Pero no se trata solo de agricultura, también de energía. Brasil, por ejemplo, concentra el 12% de los recursos de agua en el mundo y está pasando ahora por una crisis muy profunda. Otra área de interdependencia es el desarrollo territorial. En los Países Bajos, dos tercios del territorio están debajo del nivel del mar, así que el que vaya a construir una zona urbana tiene que pensar qué es lo que implica en términos de protección de inundaciones. Hay muchos casos en los que las decisiones se toman fuera del sector del agua pero tienen un impacto sobre él. Eso exige que todos estén en torno a la mesa y que se identifiquen los arbitrajes necesarios para la toma de decisiones.

P. ¿Los países menos desarrollados están listos para enfrentarse a los nuevos desafíos impuestos por el clima extremo?

R. El 70% del impacto del cambio climático se refleja en el sector del agua y el 90% de los desastres están vinculados con este recurso. La correlación entre clima y agua está clara para la mayoría de los expertos, sin embargo, se sigue observando un vacío. Por ejemplo, en la declaración de París no hay ninguna referencia al agua. En la OCDE vimos que en 2005 solo un país, Finlandia, había puesto en marcha planes nacionales de adaptación al cambio climático. Hoy son 16.

Bangladesh o las Maldivas están entre los países más vulnerables. En unas décadas podrían estar sumergidos si no se toman las decisiones correctas. Una parte del trabajo consiste en construir infraestructuras para protegerse y otra en anticipar y optimizar la recolección de aguas pluviales.

P. ¿Cómo abordan los economistas los problemas de agua?

“Hay que salir de la perspectiva donde el Estado es el encargado de gestionar todo”

R. Durante 20 o 30 años, la postura de la OCDE ha sido ‘póngame un precio al agua y se soluciona un poco el problema’. Cuando en 2006 llegó el actual secretario general, el mexicano Ángel Gurría, insistió mucho en que a lo mejor la economía no lo solucionaba todo y que tal vez había que poner en marcha un trabajo multidisciplinario para entender las barreras políticas, los flujos financieros o los obstáculos de gobernanza. Hubo un giro en el mensaje de la organización, transmitiendo que no se trataba de un instrumento económico y nada más, sino de implicar personas, lugares, políticas, coordinando distintas áreas.

Según el último Global Water Intergrity Outlook, la corrupción genera pérdidas por 75.000 millones de dólares en el sector. La OCDE trabaja para fijar indicadores de gobernanza que permitan medir el impacto de las políticas y sus resultados en términos de acceso, de calidad, de cantidad.

Poner un precio al agua, si no hay un marco contextual, no sirve de mucho.

P. ¿Qué impacto están teniendo las políticas de agua en las cuestiones de género?

R. Está demostrado que las políticas inclusivas generan beneficios económicos. El primer enfoque es mostrar que no solo es un tema social, sino que también es económico. El segundo consiste en organizarse para que las buenas prácticas que existen en algunas áreas puedan ser replicadas.

P. El agua se ha convertido en objetivo militar en países como Siria el año pasado. ¿Cómo intervienenlas organizaciones internacionales para evitar que eso vuelva a ocurrir?

R. Los lugares más sensibles de la OCDE están más o menos bajo control. El tema de aguas trasfronterizas y objetivos militares no está desconectado del tema económico. Los lugares en los que funciona la cooperación entre varios países son regiones integradas económicamente. Donde hay ya un marco de cooperación, el agua se convierte en un factor de paz. Donde hay tensiones, no hay evidencias de que podamos salir de este juego. Para mí, agua transfronteriza e integración económica regional van unidos. Y a veces hay que empezar por uno para lograr el otro.