La gobernanza del agua apunta a la colaboración entre el sector público y el privado

Una mala gobernanza del agua constituye un impedimento al desarrollo económico sostenible e inclusivo y para evitar este obstáculo es necesario dar vida a políticas integrales que no circunscriban las problemáticas relacionadas con este recurso al ámbito medioambiental, basadas en la colaboración entre sector público, privado y sociedad civil. Este enfoque estuvo en el centro del Primer Foro de la Economía del Agua, una iniciativa auspiciada por la Universidad de Alcalá celebrada este viernes en Madrid, en la que se ahondó en cómo gestionar de modo eficaz la distribución y el uso de este recurso limitado, analizando las implicaciones económicas del asunto.

Para el coordinador del Departamento de Economía del Agua de la Fundación IMDEA Agua, Gonzalo Delacámara, el agua presenta retos cruciales estrechamente vinculados con la seguridad alimentaria, el cambio climático, la generación de energía, la producción de bienes industriales y otra larga serie de actividades económicas, así como el mantenimiento de numerosos servicios prestados por los ecosistemas acuáticos y su diversidad biológica, entre otros aspectos.

Delacámara recordó que el problema del agua no es exclusivo de los países menos avanzados, citando como ejemplos el impacto sobre el desarrollo económico y social de la sequía que azota el estado de California desde 2012 o las consecuencias del turismo en España, una actividad que suele concentrarse en zonas de escasos recursos hídricos y marcada por una fuerte estacionalidad.

Delacámara subraya que el problema del agua no es exclusivo de los países menos avanzados

Para el economista, el debate sobre el agua está amenazado por un “tratamiento simplista de realidades complejas” y un “empobrecimiento del lenguaje”, al mismo tiempo que criticó que muchas decisiones sobre la gestión de este recurso se tomen en terrenos ajenos. El experto, que también es asesor de la Comisión Europea en política de agua, abogó por superar la dicotomía maniquea entre gestión pública y privada del agua y buscar más bien la integración de estos actores complementarios.

“La pobreza no es ni hídrica, ni energética. Es pobreza, es exclusión social”, explicó e invitó a abordar las cuestiones del sector bajo un foco interdisciplinar, adoptando políticas integrales.

El economista argentino José Luís Machinea, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), se mostró de acuerdo con estos planteamientos y agregó que hay que incrementar la transparencia en el proceso de toma de decisiones en el sector y tener en cuenta factores sociales a la hora de determinar las tarifas para los usuarios. El exministro de Economía de Argentina agregó que “no se puede gestionar el agua sin mirar el largo plazo” y que hay que repensar el tema de la financiación de las infraestructuras del suministro del agua.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la perspectiva del debate sobre agua se desliza hacia temas de implementación. Aziza Akhmouch, que lidera el Programa de Gobernabilidad del Agua de la organización, presentó los 12 principios de buena gobernanza del agua recientemente elaborados por la OCDE. La experta alertó a los países miembros para que no tomen por descontados los recursos hídricos de los que disponen en la actualidad. Esta amenaza incumbe también a los países más desarrollados, que tienen que enfrentarse a desafíos en términos de infraestructuras (como es el caso de Francia), de calidad (como Países Bajos) o de cantidad (como EE UU o Brasil).

Según Aziza Akhmouch, que lidera el Programa de Gobernabilidad del Agua de la OCDE, cada país tiene que tomar en cuenta varios factores antes de fijar sus políticas

Entre los principios elaborados por la OCDE están la coordinación intersectorial y la coherencia de políticas, así como el incremento de la disponibilidad de datos e información financiera, que tiene que ir acompañado por mayor integridad y transparencia. Akhmouch explicó que desde su organización no se imponen soluciones “como si fueran dogmas” y que cada país tiene que tomar en cuenta varios factores antes de fijar sus políticas.

La economista Magaly Espinosa, asesora del Ministerio de Obras Públicas de Chile sobre política de desalinización y reutilización de aguas residuales, habló del ejemplo de regulación del sector en su país, donde el Estado ha obtenido importantes beneficios. “El modelo aplicado en Chile ha puesto de manifiesto como con un buen regulador, la gestión del agua funciona correctamente, independientemente de que el modelo sea público o privado”, dijo.

La economista explicó que Chile se enfrenta a desafíos como la ampliación de la infraestructura para mejorar la calidad de servicio, además de los retos impuestos por el cambio climático, desastres naturales y escasez de agua cruda.

El rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, analizó el papel de las universidades en tema de sostenibilidad, elogiando el compromiso cada vez mayor tanto en la actividad de docencia como en la de investigación, así como en la gestión de los campus. Sin embargo, reconoció que aún queda camino por hacer, ya que se sigue acusando a las universidades de implicarse poco en problemas reales de la sociedad, apostando por soluciones basadas en avances técnicos sin discutir sus limitaciones y valorando más el impacto académico que social de las investigaciones.

El noruego Finn E. Kydland, premio Nobel de Economía 2004, insistió en la importancia de que los gobiernos definan planes a largo plazo con cierto compromiso para garantizar el desarrollo del país, remarcando como condición necesaria la existencia de bancos centrales no sometidos a presiones políticas, capaces de ofrecer seguridad para los inversores. El docente de la Universidad de California Santa Bárbara destacó la centralidad de las políticas fiscales, incluso por encima de las monetarias, reseñando los casos de países como Irlanda, China, Chile y México. El economista admitió que existen “medidas de dolorosa aplicación” como restricciones al sector del empleo, pero invitó a sopesarlas junto con sus beneficios, “muy superiores” a largo plazo.