Sssh... El plan español sobre empresas y derechos humanos es alto secreto

Este artículo ha sido escrito por Alba Gutiérrez(@albagutierrezf), de Access Info Europe, y Javier Pérez(@javipe_ciecode), de CIECODE.

Han pasado más de tres años desde que venció la fecha dada por la Comisión Europea a los Estados Miembros para que concretaran en planes nacionales cómo iban a implementar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. España no ha cumplido y, según el Gobierno, los ciudadanos no tenemos derecho a saber porqué.

El Gobierno de España empezó a elaborar este Plan en 2013, tras el mandato de la Comisión y del Consejo Europeo a los Estados Miembros para que elaboraran sus respectivos planes nacionales de implementación y siguiendo, además, una petición del Congreso de los Diputados. Tras un largo periodo de elaboración, en el que participaron decenas de expertos, organizaciones de la sociedad civil, ministerios y empresas, en junio 2014 el Ministerio de Asuntos Exteriores envió el borrador final del Plan al Consejo de Ministros para su aprobación. Dos años después y terminada la legislatura, el Plan no ha visto la luz.

Ante la falta de información por parte del Gobierno y las sospechas de diversas organizaciones sobre posibles presiones de la CEOE y de otros ministerios para rebajar las exigencias del Plan o para que éste no saliera adelante, Access Info Europe solicitó acceso a las actas, reuniones y aportaciones que organizaciones y empresas realizaron al Borrador del Plan.

Sorprendentemente, tanto la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores como el propio Consejo de Transparencia - el organismo creado por la Ley de Transparencia de España y encargado de velar por el derecho del acceso a información - consideran que es información “auxiliar” que no forma parte del proceso de toma de decisiones públicas. Nos preguntamos entonces ¿para qué se solicitaron aportaciones y se animó a participar en la elaboración del Plan? ¿Qué hizo cambiar de opinión al Gobierno en el último momento? ¿Esa información también es "auxiliar"?

Esta decisión quebranta los principios básicos y los objetivos de las Leyes de Transparencia que son precisamente garantizar el acceso a información que sea relevante para la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el conocimiento sobre la toma de decisiones públicas y su aplicación.

Todavía más preocupante es la impunidad con la que el Ministerio de Exteriores ha incumplido la Ley, amparado por la falta de sanciones. El artículo 19 de la Ley de Transparencia establece que ante una solicitud de información que afecte a terceras partes, las instituciones tiene la obligación de consultar a éstas sobre la posible publicación de los documentos que aportaron. Las organizaciones que formaron parte del proceso no han recibido ninguna notificación por parte del Ministerio al respecto, a pesar de que ya manifestaron en su momento su conformidad con que sus aportaciones fuesen publicadas.

Casos como este ponen de manifiesto la estrecha relación entre el derecho de acceso a información y la vigilancia y promoción de otros derechos fundamentales. La comunidad internacional por fin se ha decidido a reconocer el necesario papel de la transparencia, el acceso a información y la rendición de cuentas, incorporándolos como principios esenciales para la implementación de la nueva Agenda del Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, la pasividad del Gobierno en garantizar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y la opacidad con la que han gestionado el proceso nos recuerdan que en España nos queda aún mucho camino por recorrer.