¿Quiénes son esos 10.347?

Un periodista económico maneja muchas estadísticas. Las sobrevive. Pero alguna le hiela el corazón, si aún lo tiene. ¿Quiénes son esos 10.347 tipos y tipas? Los discapacitados que acabaron en paro a final de 2015. En Cataluña: que en esto es casi un paraíso en el conjunto de España.

¿Son muchos, son pocos?

Una enormidad. En 2008 eran solo 4.019. O sea que han aumentado un 157%, casi tres veces más rápidamente que el total de desempleados, hasta medio millón largo (un incremento del 60,2%).

O sea que ser sordo, ciego o mudo en tiempos de crisis triplica tus probabilidades de quedarte en la cuneta. Y cuando viene la reactivación (que no recuperación, esa solo llegará cuando volvamos a los 4.019, el nivel de 2008), el respiro es mínimo: solo 288 encontraron empleo en 2015, un 0,27% del total de los parados con hándicap físico en 2014: 0,27%. 0,27%. 0,27%.

En realidad, ¿nos extraña? Todos conocemos a alguien con esa desventaja, sabemos que los primeros recortes de las Administraciones se aplicaron a quienes disponían de voz más débil (o ninguna) para protestar. Y al cabo estamos fabricados de la misma pasta humana que la peor burocracia.

Porque si es evidente que las políticas activas de empleo —la recolocación, la reorientación, el reciclaje a través de los institutos públicos de empleo— han sido el gran fracaso laboral de este país, este se multiplica en el caso de quienes exhiben discapacidades.

Pero no es un fracaso imputable solo a la política y al aparato administrativo. También a las empresas que incumplen la ley y a los sindicatos y trabajadores que no protestan. Desde la Ley 13/1982, toda empresa con plantilla de más de 50 trabajadores debe reservar el 2% de empleos a los discapacitados. En Cataluña hay 11.000 de esas empresas, pero ¡solo 150! cumplen la normativa, recuenta el colega Sergi López.

Las ventajas de que gozan esas contrataciones son sustantivas: por cada contrato indefinido, la compañía recibe 3.907 euros; se les bonifica la cuota de la Seguridad Social entre 4.500 y 5.700 euros/año; y se le deducen 12.000 euros por persona/año en que se haya incrementado el promedio de trabajadores en plantilla con discapacidad superior al 65%.

Es inútil, si nadie presiona. Solo un 0,27% sale de la cuneta.