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Cambio de rumbo

El derecho a regular de las autoridades públicas debe estar plenamente protegido y garantizado jurídicamente en los nuevos acuerdos globales para el comercio de servicios

El pasado miércoles, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige un cambio de rumbo a los negociadores del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas en inglés).

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TiSA es un acuerdo comercial en fase de negociación entre 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la Unión Europea, de cara a renovar las actuales reglas globales para el comercio de servicios, que datan de 1995. Estas reglas, recogidas en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) han quedado desfasadas, pues se acordaron durante la era pre-Internet. Hoy nos enfrentamos a retos como frenar un dumping social y medioambiental acuciante, la gestión de los flujos de datos, el comercio de servicios digitales, abusos a los consumidores como las excesivas tarifas de roaming, o regular nuevos servicios que hace diez o veinte años no podían ser susceptibles de comercio y que hoy están disponibles online, pero para los que no contamos con instrumentos de garantía a nivel mundial. De llegar a buen puerto, las negociaciones permitirán poner reglas a estos problemas globales y avanzar en la facilitación del comercio de servicios, un proceso que se ha estancado en la OMC.

El sector servicios es un sector estratégico para la UE, que cuenta con proveedores de servicios altamente competitivos y es el principal exportador mundial de servicios. Las cifras son claras: el 68% de los empleos europeos están ligados al sector servicios y el comercio de servicios proporcionó un superávit de 173 mil millones de euros para la UE en 2013. Sin embargo, este sector tan sólo representa el 25% del comercio de la Unión. Mientras que el mercado de servicios europeo ya está muy abierto a la competencia internacional, los de nuestros socios comerciales no lo están. Nuestros proveedores de servicios siguen enfrentándose a considerables dificultades para acceder a mercados de terceros países, por eso TiSA debe suponer una mayor reciprocidad en el acceso a los mercados.

Así pues, estas negociaciones del comercio de servicios representan una oportunidad para regular la globalización y fomentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en la UE, pero para ello deben ceñirse a una serie de condiciones que exigimos los socialistas.

La resolución del Parlamento Europeo aprobada con el apoyo de los socialistas no determina nuestra posición final sobre TiSA. El objetivo de esta resolución es poner sobre la mesa exigencias claras a los negociadores de la Comisión Europea para que un futuro acuerdo sobre el comercio de servicios pueda contar con el apoyo mayoritario de esta Cámara, que tendrá la última palabra sobre su entrada en vigor en la UE.

Exigimos a los negociadores mayor transparencia en unas negociaciones que interesan y preocupan crecientemente a la ciudadanía por los efectos que estos acuerdos comerciales pueden tener en sus vidas cotidianas. La plena información del Parlamento Europeo en todo el proceso es indispensable, debiendo recibir los representantes de la ciudadanía todos los documentos de negociación.

Oponerse a esta resolución supone renunciar a nuestras obligaciones como parlamentarios

Una de las condiciones indispensables será la de excluir los servicios públicos del ámbito de aplicación del acuerdo, que deberá aplicarse, aunque no limitarse, al "agua, la salud, los servicios sociales, los sistemas de seguridad social, la educación, la gestión de residuos y el transporte público." Para los socialistas, el derecho a regular de las autoridades públicas debe estar plenamente protegido y garantizado jurídicamente en TiSA.

La resolución también adopta una firme defensa de los derechos laborales y sociales europeos. En este sentido, se exige que TiSA no suponga trabas a la capacidad de la UE y sus Estados miembros de mantener, mejorar y aplicar nuestra normativa en materia social y laboral y convenios colectivos.

TiSA tampoco podrá comprometer el acervo de la UE sobre cuestiones como la protección de datos, el derecho a la privacidad o la regulación de los servicios financieros, tanto nuestra regulación actual como la futura, y deberá conservar la posibilidad de suspender la transferencia de datos en caso de una protección inadecuada en terceros países.

En el capítulo cultural, los servicios audiovisuales deberán quedar excluidos del ámbito de aplicación del acuerdo y el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a la protección y promoción de nuestra diversidad cultural y lingüística, enteramente preservado.

Por último, aunque TiSA se negocia actualmente entre 23 socios de la OMC, la resolución que apoyamos los socialistas defiende que el objetivo final del acuerdo debe ser su integración en el marco de la OMC y la multilateralización a todos sus miembros.

La resolución aprobada, es fruto de un amplio compromiso entre los diferentes grupos parlamentarios que componen la Eurocámara. Sólo tres grupos políticos votaron en contra de la misma: la izquierda unitaria europea, los verdes y el grupo liderado por Marine Le Pen. Oponerse a esta resolución supone renunciar a nuestras obligaciones como parlamentarios y renunciar a fijar exigencias a los negociadores, para un acuerdo que, si se negocia bajo estas condiciones, será beneficioso para el crecimiento y el empleo en la Unión. Votar en contra de esta resolución supone otorgar una carta en blanco a los negociadores, además de alinearse con compañeros de viaje muy poco recomendables.

Inmaculada Rodríguez-Piñero es eurodiputada del PSOE.

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