Sombras en Cataluña

La Generalitat que encabeza el nuevo president, Carles Puigdemont, ha decidido retirarse como acusación en siete causas judiciales abiertas contra activistas que provocaron altercados callejeros violentos. También lo hizo el Ayuntamiento de Barcelona al mando de Ada Colau, pero en ese caso había mediado un cambio de partido en el poder. Aun así, su retirada no fue total: la ciudad seguirá exigiendo responsabilidades civiles, por ejemplo para costear la reposición de contenedores quemados.

Como en la presidencia de la Generalitat hay continuidad de partido y no un cambio político que explicase la variación de posturas, la nueva posición sobre la violencia callejera perfila, amén de un concepto preocupante sobre el orden público, una sombra de inseguridad jurídica. ¿Por qué lo que ayer era perseguible, según el Gobierno catalán (la fiscalía sigue existiendo), hoy no lo es?

La portavoz, Neus Munté, no supo aclarar lo que solo se explica por la genuflexión ante la CUP, que reivindicaba la exoneración de cualquier violencia callejera. Y quizá como prenda de subordinación para lograr a cambio la aprobación de un nuevo presupuesto por parte de los asamblearios. A no ser que para la investidura de Puigdemont se hubiese firmado un pacto secreto Junts pel Sí-CUP, pues el conocido, de cinco puntos, no incluye ese elemento: sombra de oscurantismo.

Pero esta nueva cesión al partido de extrema izquierda tampoco garantiza a los nacionalistas la estabilidad parlamentaria de la que alardeaban, presuntamente lograda por el pacto con la CUP: esta se unió ayer a toda la oposición (PP incluido) reclamando la recuperación de la paga extra perdida por los funcionarios. Será la primera derrota del nuevo Ejecutivo, y en el primer pleno de la nueva Cámara. Sombra de volatilidad parlamentaria.

En breve se verá si esas sombras se espesan y multiplican. O se desvanecen.