Dinámica infernal

Perdidas todas las ocasiones que el Gobierno de Rajoy y las autoridades catalanas tenían para intentar salidas políticas al pleito planteado, el proceso independentista se encuentra en un punto al que nunca tendría que haber llegado. Ante la evidencia de que el separatismo actúa a base de hechos consumados, el Gobierno ha recurrido a las armas del Estado de derecho y ha obtenido del Tribunal Constitucional la suspensión de la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlamento catalán.

Ahora se abren dos caminos. Lo más probable es que el rupturismo imponga nuevos gestos de fuerza contra la legalidad, en una huida hacia adelante que practica desde que el proceso se puso en marcha. Los esfuerzos de última hora de Junts pel Sí para lograr la investidura de Artur Mas, cediendo todo lo que haya que ceder a la CUP para alumbrar un Gobierno independentista —incluida una insólita presidencia coral de la Generalitat—, dan cuenta del acelerón que los más radicales imponen a la situación.

Mucho más sensato sería renunciar a los unilateralismos. No es nada probable que este llamamiento sea escuchado por los más extremistas, posiblemente interesados en provocar una espiral de acción-reacción peligrosa para todos. Pero al menos cabe esperar de las personas más responsables e incluso prestigiosas del ámbito nacionalista que se nieguen a violar la legalidad y contribuyan a buscar salidas constructivas.

Romper la normalidad constitucional en un país civilizado no puede ser tan sencillo como envolverse en una normativa fabricada a ritmo de agitprop para imponer una patria independiente a más de la mitad de los catalanes que no han votado a los separatistas; ni aprovechar el río revuelto para eludir la rendición de cuentas por actos cometidos bajo la legalidad vigente —entre ellos, de corrupción—.

El problema es que los conductores de este proceso no se comportan como políticos responsables. El Gobierno ha optado por pedir al Tribunal Constitucional que se notifique a 21 personas que deben abstenerse de todo acto que pretenda dar cumplimiento a la declaración separatista de la Cámara catalana. Figuran entre ellas Artur Mas, Carme Forcadell y otros cargos políticos, pero también representantes de Ciutadans, PSC y Catalunya Sí que es Pot, de los que no cabe pensar que endosen decisiones contrarias a la ley. También un funcionario, el secretario general del Parlamento catalán, una señal de que ni él ni otros funcionarios —por ejemplo, los Mossos d'Esquadra— podrán escudarse en haber recibido órdenes políticas para excusarse por la comisión de actos ilegales.

La independencia no es romanticismo: es un desgarro que tiene consecuencias muy graves para la convivencia y las condiciones de vida. El Gobierno debe actuar con tanta firmeza como proporcionalidad para restablecer el respeto a la Constitución frente a quienes la violan, manteniendo el consenso alcanzado con el PSOE y Ciudadanos. Y sin cerrar nunca las puertas a una negociación futura con los representantes de la comunidad catalana, siempre que se haga en la legalidad.